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El Estado no dará aporte para financiar seguro de desempleo

La Asamblea prevé tratar entre este martes y jueves el proyecto de ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo, cuyo informe para segundo debate quedó listo el viernes por parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

El proyecto establece crear el Seguro de Desempleo y mantiene el esquema de financiamiento planteado en el texto inicial, es decir, sin contribución estatal y con la redistribución del aporte que hacen los trabajadores y empleadores al fondo de cesantía, que es del 3%. De esto el 1% del aporte del empleador iría a un Fondo Solidario y el 2% a una cuenta individual de los trabajadores.

De esa forma se pagará hasta por cinco meses un monto que decrece 5% por mes y va del 70% al 50% del promedio del sueldo del último año. El texto anterior establecía un tope mensual de dos canastas básicas ($ 1.346), pero ese techo fue eliminado y se pagará en función de lo que cada trabajador tenga en su cuenta individual, explica el asambleísta Fausto Cayambe (AP), miembro de la Comisión. Del fondo del 1% saldrá un monto equivalente al 70% del salario básico: $ 256. Ese valor base para todos los trabajadores será completado con el dinero de la cuenta individual para llegar al 70% del sueldo que percibía.

La Ley de Seguridad Social vigente establece un régimen solidario que dispone que en caso de que la cesantía acumulada sea inferior al doble de la remuneración que tenía el afiliado, la diferencia para completarla es financiada por el Estado. El proyecto lo elimina.

Ese es uno de los cuestionamientos que hace la asambleísta Cristina Reyes (PSC-MG), integrante de la Comisión: “Es el propio trabajador el que lo va a financiar. Por qué son solidarios con plata ajena”. También objeta que no se haya explicado a base de qué se elaboró la tabla del 70% al 50%.

Rubén Barberán, expresidente del Consejo Directivo del IESS, coincide en esos reparos. “La creación del fondo solidario es un engaño, una nueva ficción del Gobierno. Se supone que en esta crisis los afectados, como siempre, serán los trabajadores y la solidaridad debe ser para ello. Aquí sucede lo contrario, con el poco dinero que les queda se pretende crear el mencionado fondo. No hay ninguna solidaridad del Gobierno”.

Cayambe asegura que este es un modelo de seguro de desempleo y que el régimen solidario continúa. Dice que los estudios señalan que en cinco años el fondo se capitalizará y tendrá los recursos suficientes con un escenario del 10% de desempleo. Serán unos $ 750 millones al año producto del 3%, por lo que la cuenta individual ganará rentabilidad. Pero Barberán señala que al hacer esa distribución porcentual el trabajador pierde de manera automática y definitiva el 33% de la cesantía que pudo haber acumulado.

En América Latina, los países que cuentan con seguro de desempleo tienen esquemas de financiamiento que, en su mayoría, tienen aportes estatales en los regímenes solidarios. O, en el caso de Colombia y Chile, los fondos van a aseguradoras privadas que el trabajador elige.

Así lo recoge el estudio Panorama social de América Latina 2002-2003, elaborado por la Cepal: “En todos los países, los seguros de desempleo son de tipo contributivo, con financiamiento mixto aportado por los trabajadores, los empleadores y el Estado, si bien los porcentajes del salario que pagan los trabajadores varían (1% en Argentina, 0,6% en Chile, 0,5% en Venezuela), al igual que las contribuciones de los empleadores (1,5% del salario del trabajador en Argentina, 1,6% en Chile y 2% en Venezuela)”, señala.

El proyecto de ley inicial reemplazaba el fondo de cesantía por el seguro de desempleo, algo que fue cuestionado porque iba contra la Constitución que en su artículo 369 establece la coexistencia de estas prestaciones. El nuevo texto cambió esa disposición general primera y ahora establece: “El Fondo de Cesantía acumulado, hasta antes de la vigencia de la presente ley, se mantendrá en su totalidad en la cuenta individual de cesantía del afiliado y será independiente del Fondo de Seguro de Desempleo...”.

Pero la Constitución señala también en ese artículo que la creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. Ahora el financiamiento corre por cuenta de los mismos trabajadores. (I)

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