Nuevas fuentes de financiamiento del Seguro de Desempleo, el cambio de nombre de la ley y la ampliación del rango de edad para incentivos del empleo juvenil, así como un nuevo régimen de licencias de maternidad fueron los principales cambios propuestos ayer en el primer debate de las reformas laborales que trata la Asamblea con carácter de económico urgente.

El proyecto original fue enviado con el nombre de “Ley Orgánica de Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo”; en el informe aprobado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se le cambió a “Ley Orgánica de Promoción del Empleo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo”.

Sin embargo, para el asambleísta Virgilio Hernández (AP) sería necesario referirse a la ley de acuerdo con su objetivo y que se denomine “Ley para la Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo”.

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Hernández propuso, además, financiar el Seguro de Desempleo con un aporte obligatorio del 0,5% del salario de quienes ganen más de $ 4.000, entre los cuales, dijo, podrían estar los propios asambleístas. Otra fuente sería un porcentaje de los dividendos que se podrían repartir a accionistas.

El informe indica que se financiará con el aporte de la Cesantía: 1% del empleador iría para financiar el 70% del salario básico y el 2% de la cuenta individual serviría para completar el 70% del salario total que se recibiría cuando la persona queda desempleada.

Fausto Cayambe (AP) consideró que para financiar el seguro podría ponerse un impuesto a las empresas siguiendo el modelo de Brasil.

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Hernández también planteó poner techos a los salarios de las empresas privadas para que el salario del trabajador que menos gane tenga una diferencia de 1 a 20 con respecto al que más gane. Para él, la última opción de ajuste debería ser la reducción de la jornada laboral, ya que esto significaría una rebaja del ingreso del trabajador.

Byron Valle y Marisol Peñafiel (ambos de AP) pidieron la extensión del rango de edad para aplicar el beneficio del pago del aporte del IESS correspondiente al empleador por parte del Estado. Valle, en cambio, estimó que el rango debe ser entre 18 y 26 años; Peñafiel sugirió que pudiera ir hasta los 29.

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Varios asambleístas de oposición como Ramiro Aguilar (antes de SUMA) y César Umajinga (Pachakutik) pidieron el archivo de la ley.

Umajinga consideró que la ley baja el poder adquisitivo del trabajador en caso de reducirse su jornada de trabajo, lo cual es inconstitucional. (I)