Tribunales contenciosos tienen más de 5.000 casos en espera desde el 2000, dice Carlos Pólit

El contralor General del Estado, Carlos Pólit, defendió este lunes la labor realizada por el organismo que dirige en los diferentes casos que ha auditado. Agregó que la Contraloría busca recuperar más de 840 millones de dólares de quince años, desde el año 2000 a diciembre del 2015.

Además, existen más de 1.900 informes con indicios penales que fueron remitidos a la Fiscalía, y más de 5.000 casos en espera en los Tribunales Contenciosos, indicó Pólit, contralor desde febrero del 2007 (actual administración de Rafael Correa).

Sobre la controversia del Parque Samanes respecto a un supuesto pago en exceso al Issfa, señaló que desde junio de 2015 existe un examen especial a los contratos de obras realizados por la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, caso en el que se detectaron incorrecciones e irregularidades que fueron enviadas a la Fiscalía para saber si existe un proceso penal que se pudiera comenzar.

"Los auditores determinaron inconsistencias e incumplimientos de contratos en la realización de la obra. Se hicieron canchas que no estaban dentro de los contratos y que se dieron por órdenes verbales", aseguró Pólit.

'Justicia 2.0'

Pólit destacó la celeridad que hubo en el caso Indra y del Consejo de la Judicatura, en el cual el Tribunal Contencioso falló a favor del organismo de control y determinó el pago de una glosa de 23 millones de dólares.

Al respecto, señaló que en la auditoría realizada a la implementación del Sistema de Información Judicial (SIJ), llamado por las autoridades como 'Justicia 2.0', contratado por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) en 2011, el informe de Contraloría concluye que el administrador del contrato, el contratista, la comisión de recepción y los responsables de los módulos del sistema, no cumplieron con atribuciones, obligaciones ni responsabilidades.

No precautelaron los intereses de la institución, ocasionando un perjuicio al Consejo de la Judicatura al recibir y cancelar la cantidad por un sistema que no fue implementado ni está en marcha a nivel nacional, indicó este lunes al noticiero de Ecuavisa.

El contrato se firmó el 22 de diciembre de 2011 por un monto de 23'760.000 dólares entre la empresa Indra y el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), presidido en ese entonces por Paulo Rodríguez e integrado por los vocales Fernando Yávar y Tania Arias.

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En su momento se quiso firmar otra contrato con la misma empresa por más de $ 20 millones para el despliegue a nivel nacional de este software, lo que no sucedió porque era "ilógico" contratar un sistema informático que no se sabe su funcionamiento y que los contratados no explicaron la implementación del producto, refirió.

Refinería del Pacífico

En este caso, un informe entregado en el 2010 se señaló a los funcionarios municipales y a la institución por la venta de terrenos para la construcción de la Refinería del Pacífico, caso en el cual el Estado debe recuperar $ 6’600.000, valor pagado por los predios, cuando el valor original era más de 180 mil dólares, explicó.

También están estipuladas las sanciones civiles y administrativas por el caso, dijo Pólit. El Director de Avalúos de Catastros del Mmunicipio de Manta no realizó o presentó ningún estudio que permita el aumento del costo de los terrenos, agregó.

El contralor señaló que existen más temas investigados y sancionados en la Refinería del Pacífico. Un ejemplo es el informe que determinó el pago de 30 millones de dólares por duplicidad del IVA a la empresa que realizó los estudios de los terrenos. A través de las facturas correspondientes se cruzaron cuentas, se hicieron las retenciones adecuadas y se logró evitar un perjuicio para el Estado, concluyó. (I)