La inconstitucionalidad del techo de las utilidades de los trabajadores y de la eliminación del pago del 40% de contribución estatal al IESS fue el argumento expuesto por cinco demandantes de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral.

Durante la audiencia pública realizada ayer en la Corte Constitucional, ante el juez Francisco Butiñá, representantes de Unidad Popular, de los jubilados, de los trabajadores privados, del Partido Social Cristiano y del Parlamento Laboral exigieron que se declare dicha inconstitucionalidad.

Rafael Oyarte, representante de los trabajadores privados y del colectivo Y si te pasa a ti, opuestos al techo de utilidades, explicó que la ley afecta derechos laborales; además dijo que en el año 2000 ya el Tribunal Constitucional declaró una iniciativa parecida como inconstitucional.

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Luis Fernando Torres (PSC) comentó que la sustitución del 40% por un compromiso de pago futuro no fue debatido en el pleno, sino que se incorporó arbitrariamente por la asambleísta ponente para segundo debate. Los demandantes consideran que el retiro del 40% afecta la sostenibilidad del sistema.

En defensa de la ley, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el delegado de la Asamblea, Francis Abad, coincidieron en que la ley no contradice la Constitución. Mera pidió que se desechen las demandas y se ratifique la constitucionalidad de la ley.

El juez Butiñá tiene 60 días para emitir una sentencia. (I)