La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Especial de Galápagos publicada en junio del 2015, pero negó las medidas cautelares solicitadas.

La acción fue presentada en agosto de ese año por Fanny Uribe, Ángel Vilema, Mirtha Cedeño, Jairo Gusqui y Steven Romero. Los dos primeros son asambleístas.

La jueza ponente, Pamela Martínez, dispuso la notificación al presidente Rafael Correa; a la titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y al procurador Diego García, a fin de que intervengan defendiendo o impugnando, en el término de quince días.

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Además solicitó a la Asamblea los documentos y actas que dieron origen a la ley.

Los demandantes afirman que la legislación vulnera varios artículos de la Constitución.

Uno de ellos, Jairo Gusqui y quien integra el Frente de Galápagos, explicó que la demanda busca “echar abajo” la ley porque los galapagueños quedarían desprotegidos frente a las transnacionales.

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“Ahora cualquiera puede venir a invertir y la ley no garantiza un trato preferencial al residente”, afirmó él.

Añadió que la norma otorga facultades al Ministerio del Ambiente para que delimite las áreas protegidas y que “en cualquier momento” podría mover los límites del parque por “intereses personales”.

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En la demanda se explica que la comisión de la Asamblea a cargo del trámite ‘violó’ el procedimiento al cambiar un proyecto reformatorio por un nuevo proyecto. (I)