Exdiputado Xavier Neira demandará a Pfizer y al Estado ecuatoriano

La Fiscalía Distrital del Guayas inició en enero una indagación previa por supuesta “asociación ilícita” que vincularía a exdiplomáticos de la Embajada de EE.UU. en Ecuador y a directivos de la farmacéutica norteamericana Pfizer en el país.

Esta investigación se derivó de otro caso: en diciembre del 2015, el fiscal de Pichincha, Esteban Ballesteros, solicitó al juez provincial de Garantías Penales, Raúl Salgado, el desestimiento y archivo de la indagación previa por supuesta corrupción contra el exdiputado socialcristiano Xavier Neira y sus colegas de Neira & Asociados, y que el proceso se remita a la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional al hallar elementos que supuestamente configurarían el otro delito.

En el 2006, el agregado de prensa de la Embajada, Aaron Sherinian, indicó que se habían retirado las visas de no inmigrantes a Neira, sus socios y sus familias por su legislación, que prohíbe el ingreso a su país a personas “sospechosas de corrupción”, y no dio detalles.

El exlegislador aseguró que se trataba de una represalia, pues Neira & Asociados representaba a Acromax en procesos contra Pfizer por las patentes del principio activo sildenafil, presente en medicamentos contra la disfunción eréctil. La marca de Pfizer es Viagra; la de Acromax, Max.

La Fiscalía inició de oficio ese año la investigación por la acusación contra Neira, y en el 2011 pidió su archivo. Pero la defensa de los señalados solicitó reabrirla porque diario El Comercio publicó cables filtrados por WikiLeaks en los que la misión diplomática hace una reseña del caso. Según Neira, ahí se admite la vinculación con Pfizer.

En su providencia, Salgado aceptó el desistimiento fiscal y dispuso el archivo. “Cuando se desestima la denuncia porque el acto denunciado no constituye delito, aquí no se suspende el nacimiento del proceso, sino que es imposible que nazca el proceso...”. Y cita legislación internacional: “Los fiscales no iniciarán o continuarán un procedimiento, o bien harán todo por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial demuestre que la acusación es infundada”.

Para Neira, así se confirman sus argumentos y le dan pie a las acciones legales que prepara: Un juicio civil por presunto daño moral contra Pfizer y sus abogados, que planteará a fines de mes, y otra demanda civil contra el Estado en la institución de la Fiscalía, por supuesta vulneración de sus derechos al “demorar innecesariamente” la indagación por la acusación de corrupción. Pedirá indemnización, resarcimiento moral y disculpas públicas.

En la indagación por “asociación ilícita” hubo diligencias en las últimas semanas: pedido de información al Registro Mercantil sobre la farmacéutica norteamericana, versiones a Neira y socios; está pendiente el testimonio de representantes de Pfizer y exdiplomáticos.(I)

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