Directivos de la Confederación Nacional de los militares en servicio pasivo y montepío de las Fuerzas Armadas ayer en la tarde se reunieron para analizar varios temas, uno de ellos el conflicto suscitado tras la venta de los terrenos en el Parque Samanes y por los que ahora el Gobierno reclama la devolución de $ 41 millones que considera fueron pagados de más.

Su presidente, Carlos Urbina Quintana, dijo que se trata de un problema judicial. “Una cascarita que nos tiran a nosotros para caer nuevamente como la Policía cayó en el 30-S, a nosotros no nos van utilizar… somos más listos”.

En la cita de delegaciones de Loja, Azuay y El Oro se ratificó la declaratoria como persona no grata al ministro de Defensa, Fernando Cordero. Y que desde este viernes harán plantones en todas las provincias donde existan recintos militares.

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“Queremos decirle al presidente de la República que no estamos conformes con la resoluciones que ha tomado”, dijo Sergio Figueroa, líder de la Confederación Huancavilca.

En la reunión se analizaron también la demanda de inconstitucionalidad a la enmienda 5, el fortalecimiento de la Confederación y la nueva ley del Seguro Social del Issfa.

La próxima asamblea nacional será el 27 de febrero en el Puyo con 17 asociaciones. (I)