Corte venezolana deja en firme emergencia económica que el Congreso había rechazado

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró este jueves vigente un decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro, desconociendo la decisión del parlamento de mayoría opositora que lo rechazó.

El decreto "entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto" en la ley, señaló un fallo publicado en la página web del TSJ.

La Sala Constitucional de la corte resolvió así un "recurso de interpretación constitucional" interpuesto por dirigentes comunales, tras la negativa de la Asamblea, el pasado 22 de enero, a convalidar el decreto con el que Maduro se propone enfrentar la grave crisis económica que sacude al país petrolero.

La sentencia argumenta que el control legislativo sobre los estados de excepción "no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos", además de que dicho procedimiento debió realizarse en sesión especial como prevé el reglamento interno de la cámara.

El parlamento, bajo control opositor desde el pasado 5 de enero y que acusa al TSJ de estar al servicio del gobierno, rechazó el decreto con el argumento de que las medidas planteadas allí solo profundizan un modelo de control estatal "fracasado".

La decisión de la corte profundiza un enfrentamiento político que, unido a la caída de los precios del petróleo, complica una crisis manifestada en escasez de dos tercios de los productos básicos, inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, contracción económica de 4,5% al tercer trimestre del año pasado y un déficit público que consultoras privadas estiman en 20%.

Según el gobierno, el decreto allanará acuerdos con el sector privado para reactivar la producción, mientras se transita desde un modelo rentista petrolero "agotado", a uno productivo.

Pero la oposición y el principal gremio de empresarios del país lo rechazaron por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones y establece un "corralito" sobre el devaluado bolívar, al fijar límites a las operaciones con moneda local.

La oposición opina que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio de divisas, que conviven con un dólar paralelo 162 veces más alto que la menor tasa oficial. (I)

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