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Terrabienes, de compañía calificada con “AA” a la crisis

Un año antes de que en febrero del 2015 se conociera la crisis de Terrabienes y salieran a las calles 1.200 clientes a reclamar la entrega de sus viviendas o la devolución de sus dineros, esta inmobiliaria –de propiedad del grupo Ortega Trujillo– había recibido la nota de “AA”, que la acreditaba como “una compañía de gran calidad, muy estable y de bajo riesgo”.

Con esta calificación, Terrabienes había logrado participar en el mercado de valores y captar, en el 2014, unos $ 3,6 millones de inversionistas que recibieron a cambio documentos como promesas de pago. Estas acciones fueron a cinco años plazo con 8% de interés anual.

Alfredo Barandearán, dueño de Advfinsa, encargada de presentar la oferta de negocio a los inversionistas en las bolsas de valores, defendió el análisis que hizo Advfinsa a Terrabienes. Barandearán atribuyó la crisis de la inmobiliaria a los problemas que enfrentó al no poder cumplir con el proyecto Arcos del Río, un plan en el que se inscribieron 1.200 clientes, que en promedio entregaron $ 30 mil por familia, pero que no recibieron las casas prometidas.

“Hasta el 2014 sus balances (financieros) eran normales, ingresos, gastos, actividad. Nosotros revisamos la información de la compañía, no de los proyectos; la operación de la compañía se manejó normal”, explicó Alfredo Barandearán.

En el informe que Advfinsa elaboró en el 2014 para los inversionistas se señalaba que “en los últimos tres años, Inmobiliaria Terrabienes S.A. ha registrado ingresos de $ 4’740.181 en el 2010, $ 10’656.055 en el 2011, $ 13’021.600 en el 2012; y $ 13’652.857 al 31 de diciembre del 2013”. Y que “los accionistas han incrementado en todos los periodos su capital social, demostrando así un compromiso con la empresa y manteniendo la solidez en la estructura que la caracteriza”.

El órgano controlador del mercado de valores es la Superintendencia de Compañías. Víctor Anchundia, superintendente encargado, defendió la labor de control que afirma que hizo esta entidad, y considera que lo que sucedió en Terrabienes fue “una crisis económica sumada a una administración, tal vez, poco afortunada”.

“Una crisis económica no se da de un día para otro, es un proceso, o es consecuencia de otras crisis”, recalcó Anchundia y mencionó a compañías del mismo grupo, como Seguros Bolívar y a Anglo Ecuatoriana, como las primeras afectadas. “Compañías que al tener crisis económica, por sus actividades mercantiles fue contaminando y perjudicando a otras compañías del mismo grupo”, dice.

El conglomerado empresarial de la familia Ortega-Trujillo comprende 48 compañías, aunque las vinculadas con Terrabienes eran, a diciembre del 2013, específicamente diez, cuatro de ellas, según los registros de la Superintendencia de Compañías, con domicilio en Panamá, país considerado por este Gobierno como “técnicamente un paraíso fiscal”.

Entre las extranjeras figuran la Fundación ABP, ABP Corp (American Business Promoters), ABP Services International y Horus Partners Inc. Entre las nacionales constan: Terrahogar S.A., Inmobiliaria Montesol S.A., Camposantos del Ecuador S.A., Camposantos El Oro S.A., Camposantos de Daule S.A. y Vistacorsa S.A.

Creada hace veinte años para la “promoción de proyectos inmobiliarios”, Terrabienes tenía como carta de presentación haber construido diez urbanizaciones, ocho en Samborondón (Lago Sol, Entrelagos), una en Daule y una en Guayaquil.

En esta ciudad, en la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, Terrabienes creó Veranda, cuyas villas se mostraron como modelos a los 1.200 clientes de Arcos del Río que aún no reciben sus viviendas. (I)

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