El director general del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, acudió ayer al Tribunal Contencioso Administrativo para presenciar la audiencia sobre el pedido de nulidad de una glosa de $ 23,7 millones relacionada con un contrato de la emergencia judicial.

La Contraloría glosó a la española Indra Sistemas S.A. y a dos exfuncionarios de la Judicatura porque, según su resolución, hubo irregularidades en la ejecución del contrato para la implementación del sistema informático Justicia 2.0.

Tras la diligencia, Alvear señaló que ese software no está en funcionamiento porque no se pudo poner en operación y que se utiliza el antiguo programa Satje, que fue repotenciado: “Una vez que se resuelva la parte contencioso administrativa, tenemos la vía libre para seguir las acciones a las que nos creamos asistidos contra la empresa”. Y aclaró que la Judicatura sí usa los equipos para grabación de audiencias que fueron provistos por la española.

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El contralor Carlos Pólit asistió a la audiencia. Según la Contraloría, se encontraron 133 incidencias en el software que no fueron resueltas por Indra.

La defensa de Federman Estrada Osejos, técnico que firmó el acta de entrega-recepción del sistema y que pide la nulidad de la glosa, dijo que el software superó todas las pruebas antes de ser entregado y que las incidencias fueron halladas luego. Acusó al ente de control de no darle acceso a la documentación necesaria para defenderse.

Indra indicó en un comunicado que sí cumplió con los objetivos del contrato y que la actual Judicatura recibió el sistema con conformidad. (I)