El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito convocó hoy a la audiencia sobre el pedido de nulidad de la glosa de $ 23,7 millones que la Contraloría impuso a la empresa española Indra Sistemas S.A. y a dos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ).

La resolución del organismo, emitida en mayo del 2015, determinó irregularidades en la ejecución del contrato para la implementación del sistema informático Justicia 2.0.

La contratación fue adjudicada por el extinto CJ de Transición durante la emergencia judicial, y recibido por el actual.

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El informe de la Contraloría detalló cinco irregularidades: 133 deficiencias en áreas como digitalización de documentos, carga masiva de información, publicación en la web, entre otras; falta de servicios, como la pasarela de pago bancario y la plataforma para mensajes SMS; límites en la licencia del software; construcción del sistema sin un modelo de gestión aprobado; y no uso total de las herramientas Workflow y BPM.

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Se glosó a la proveedora, al administrador del contrato, Fernando Carpio, y al técnico que firmó el acta de recepción, Federman Estrada Osejos. Este último e Indra demandaron la nulidad de la glosa.

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Indra alegó en un comunicado que sí cumplió con todos los objetivos y que el actual CJ manifestó su conformidad al momento de recibir el sistema.

En su demanda, Estrada señaló que la Contraloría violó el debido proceso y que, antes de firmar el acta de recepción, obtuvo el aval de la Dirección de Asesoría Jurídica del CJ. (I)