Se desconoce perfil de los involucrados en demandas de pensiones alimenticias

¿Cuál es la condición socioeconómica de los demandados en casos de pensión alimenticia, cuáles son los motivos o argumentos que alegan los demandados para el incumplimiento del pago, cuántos menores son sujetos de manutención, cuántos de ellos tienen algún tipo de discapacidad, cuál es la condición socioeconómica de quienes presentan las demandas, y en qué grupos de edad se hallan?

Este Diario remitió el 11 de enero pasado al Consejo de la Judicatura (CJ) y al Ministerio de Justicia, en su orden, dichas interrogantes para identificar el perfil de los actores involucrados en las demandas de pensión alimenticia a menores. La Judicatura, que administra las Unidades de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, así como el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), únicamente remitió el número de causas.

Además, indicaron que el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano no permite conocer las características de los actores y concedieron una entrevista con la vocera del SUPA, Alexandra Muñoz.

La funcionaria justifica los vacíos de información alegando que el sistema se implementó en septiembre de 2015 y que al momento se están validando, una por una, las causas del anterior sistema para establecer una única base de datos: “No digo que no va a contar el SUPA con esto, por supuesto que va a contar con todos los datos de alimentarios, de edades, (...), hijos que pasaron de los 21 años y que todavía siguen la causa activa, todo esto el SUPA lo va a brindar, pero hoy por hoy estamos en una validación”.

Con la información aún pendiente, Muñoz dice que el sistema, que cuenta con más de un millón de usuarios –entre alimentantes y beneficiarios– y 586.631 causas activas, “permitirá tomar decisiones acertadas” frente a la política pública sobre las pensiones alimenticias.

Días antes, el 9 de enero en la sabatina, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció posibles cambios en la política pública relacionada con el tema al que empezó a referirse como un problema de posibles venganzas ante la sanción de cárcel por las pensiones en mora y de dificultades económicas: “Nos está saliendo más caro tener a esta persona presa que lo que tiene que pagar por pensiones”, aseguró.

Correa precisó que al Estado le cuesta $ 450 al mes mantener a un reo. Mencionó que se estudia reemplazar la prisión por medidas como el uso de brazaletes de monitoreo, que el alimentante trabaje para el Estado con una “muy baja remuneración” hasta que encuentre un empleo o que duerma en el centro de reclusión, para que pueda salir a trabajar o busque una plaza laboral.

El Ministerio de Justicia, que administra el sistema penitenciario, no precisó cuántas personas (mujeres y hombres) han estado en prisión por adeudar pensiones alimenticias o cuántos obligados subsidiarios (abuelos, hermanos mayores de 21 años y tíos) han ido a la cárcel por pensiones en mora, sanción que quedará eliminada en mayo próximo con la vigencia de las reformas al Código General de Procesos.

El número de causas por demandas alimenticias para menores referidas por Muñoz, representan el 9% respecto a la población menor de edad del Ecuador, un país donde el 48% de la población económicamente activa (que incluye a los que buscan trabajo o lo tienen) posee un ‘empleo inadecuado’ con un ingreso promedio de $ 191,60 al mes. Y con un desempleo del 4,77% en diciembre, según el INEC.

Y donde los embarazos adolescentes se han incrementado en los últimos diez años. La tasa de nacimientos de madres adolescentes de 10 a 14 años de edad pasó de 1,45 nacimientos por cada mil mujeres con esas edades, en 2005, a 1,91 en 2014; en 2012 esa tasa fue de 3,08. En las de 15 a 19 años pasó de 69,54 nacimientos por cada mil mujeres con esas edades a 55,55 en 2014; en 2013 esa tasa fue de 72,93, según las últimas cifras disponibles del INEC

Tras el anuncio de Correa, este Diario solicitó, el pasado 11 de enero, una entrevista con la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, pero no fue concedida. No obstante, el 15 de enero pasado dijo a FM Mundo que en la mayoría de casos “la medida del apremio” (prisión) ha sido efectiva y que hay un 30% de reincidencia. Se trata “de gente que entra y pasa prácticamente un año en el centro porque ni bien sale de cumplir la primera sanción, ya tiene acumulada las demás cuotas”. Al estar detenidos, añadió, tampoco tienen forma de pagar y hasta pierden sus trabajos.

El 11 de enero pasado este Diario pidió una entrevista al Ministerio de Inclusión Económica y Social para hablar sobre los criterios que se tienen para fijar las pensiones alimenticias. Los encargados de la dirección de Comunicación de la entidad indicaron que antes de concederla era preferible “generar información actualizada con la nueva tabla”, cuyo plazo de publicación es hoy. (I)

El presidente Rafael Correa dijo que a noviembre de 2015 había 821 personas en prisión por pensiones alimenticias en mora.