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Clamor por derechos detrás de enmiendas demandadas

Nueve demandas, 26 peticionarios y un sinnúmero de argumentos para solicitar la inconstitucionalidad, pero la causa común entre estas acciones contra las enmiendas a la Constitución es que existe –se sostiene– una restricción a los derechos.

Así se desprende de los escritos entregados en la Corte Constitucional (CC) hasta el pasado jueves, cuando venció el plazo que la ley permite para interponer el recurso.

Fue de 30 días y arrancó el 21 de diciembre de 2015, cuando se publicó en el Registro Oficial el proyecto aprobado por la Asamblea el 3 de ese mes.

Entre sus impulsores hay grupos sociales, agrupaciones políticas, autoridades, entre otros, cuyas demandas reivindican las posturas que públicamente expresaron durante más de un año, mientras la propuesta oficialista se tramitó.

Unos lo hicieron en las calles y otros ante la comisión legislativa responsable del tema.

La Asamblea aprobó quince enmiendas que cambian catorce artículos y una transitoria de la Carta Magna, y cuatro disposiciones. Son sobre reelección, los servidores públicos, la fuerza pública, las competencias de gobiernos locales y otros.

Los solicitantes difieren en cuántos puntos le piden a la CC que declare inconstitucional.

Pero todos alegan la ‘violación’ de derechos y que, por ende, la vía para introducir cambios a la Carta no era el de la enmienda en el Legislativo, sino a través de un referéndum.

Seis de las nueve acciones coinciden en rechazar las modificaciones al artículo 326, sobre la contratación colectiva ‘solo’ para el sector privado.

La que interpuso el Parlamento Laboral solo objetó este punto. En su escrito sostiene que el cambio ‘viola’ las disposiciones de la Constitución en materia laboral y la de ciertos instrumentos internacionales.

La agrupación ya había advertido esto cuando el entonces proyecto estuvo en elaboración; fue la única que mantuvo un diálogo directo con la Comisión Ocasional de Enmiendas.

Peticiones

En contraste, otras organizaciones no intervinieron durante el trámite en la Asamblea pues desde su inicio cuestionaron la propuesta oficialista y pidieron un referéndum.

Su postura la trasladaron a las calles con manifestaciones.

Así lo hicieron movimientos políticos como Unidad Popular, gremios sindicales como el FUT, y sectores como los jubilados, quienes concretaron su reclamo en demanda.

Piden la inconstitucionalidad para al menos ocho puntos.

En cambio, CREO y la Contraloría focalizaron sus solicitudes hacia la enmienda sobre la reelección, en el primer caso, y esa institución, en el segundo.

Esta última y la del asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) no solo argumentaron que los derechos serían restringidos, sino también que la Asamblea modificó o agregó texto, lo cual no le competía.

Al respecto, Verónica Arias (ARE), quien integró la ahora extinta Comisión Ocasional, afirmó que fueron ‘modulaciones’ que no cambiaron “el espíritu del dictamen de la Corte”.

La CC autorizó a la Asamblea el trámite pues no se afectaban derechos, entre otros motivos. Aún no se pronuncia sobre las demandas. (I)

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