La Asamblea tramita cuatro proyectos más de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionadas con incendios, tránsito, hidrocarburos y aduanas, presentados el año pasado por Andrés Páez (CREO), Mauricio Proaño (AP), Arcadio Bustos (SP) y el presidente Rafael Correa.

El primer paquete de reformas penales que aprobó el pleno de la Asamblea contempló trece cambios, como la tipificación de delitos contra la propiedad intelectual, la violencia intrafamiliar para que ya no se excluya del procedimiento directo delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Además, se reformó el COIP para que los informes de Contraloría de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito procedan solo si el objeto de la infracción son recursos públicos. La segunda reforma se hizo a través de la Ley de Prevención de Drogas para elevar las penas por microtráfico de drogas.

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Según la web de la Asamblea, los proyectos “en trámite” de Páez y Proaño se relacionan con los incendios forestales.

Páez plantea el endurecimiento de las penas por ocasionar incendios hasta los 25 años y, si como consecuencia del incendio se ocasionaren heridas o lesiones permanentes a personas, se sancionará a sus autores con prisión de ocho a doce años y a los cómplices con la mitad de esta pena.

Además, sugiere que las acciones legales para perseguir este tipo de infracciones, cuando se ha atentado contra el ambiente y la naturaleza, sean imprescriptibles.

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Proaño propone agregar que las quemas agrícolas o domésticas deben efectuarse de forma dirigida, limitada a un área previamente determinada, mediante normas preestablecidas con el fin de mantener el fuego de manera controlada.

La reforma propuesta por Bustos pretende que los delitos de tránsito no sean castigados con baja de puntos en la licencia, sino solo con multa y capacitación y el mandatario Correa pide proporcionalidad para las penas por tráfico ilegal de hidrocarburos y someter a subasta pública o entregar gratuitamente a instituciones del Estado los productos aprehendidos por contrabando.

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Varias instituciones

La Comisión de Justicia inició el tratamiento de estas reformas en esta semana y recibió a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Aduanas y Bomberos.

La ANT rechazó la propuesta de Bustos de eliminar la reducción de puntos en la licencia. Lorena Bravo, directora ejecutiva, expresó que el año pasado se redujeron los siniestros de tránsito con la ayuda del sistema de reducción de puntos.

La ANT aprovechó para proponer más reformas penales. El procurador síndico, Pablo Sevilla, sugirió fijar en cinco años la prescripción en las acciones de cobro de multas por contravenciones de tránsito y tipificar la reincidencia en los delitos de tránsito con el doble del máximo de la pena y que la adulteración de placas de vehículos se sancione con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.

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La directora nacional jurídica Aduanera, Denisse Rendón, defendió la reforma presentada por el Ejecutivo describiendo casos, sobre todo de alimentos perecibles, que se dañaban en horas sin que se pueda entregar a programas de ayuda de ministerios por ejemplo, debido a que los trámites tardan.

Las alternativas serían las subastas, la adjudicación gratuita a instituciones públicas y la destrucción cuando sean productos no aptos para el consumo.

Miguel Moreta (CREO), que prepara un proyecto de reformas, insistió en que el COIP fue aprobado con varias fallas que deberán ser corregidas. (I)