El padre que no cumple con pensiones alimenticias, para el fiscal general Galo Chiriboga, en su mayoría reincide por falta de empleo y por ello considera que mantenerlo en la cárcel no resuelve el problema.

Por ello, Chiriboga indicó que se buscan medidas diferentes que permitan el objetivo de que llegue el dinero para alimentos del niño.

Las propuestas que anunció el presidente Rafael Correa en esos casos, que incluye que solo duerma en la cárcel para que busque durante el día trabajo o que el Estado asuma ese pago y le dé empleo temporalmente, se debaten entre las entidades del sistema judicial. Chiriboga justificó ayer la opción del uso de brazaletes electrónicos para controlar a la persona sin que esté encerrada.

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Ese dispositivo ya se estudiaba para más casos como en los de arresto domiciliario, porque la persona está en la edad prevista en la ley, y en los de violencia intrafamiliar que permitiría un control de víctimas para saber si el agresor está cerca, indicó el fiscal. También para quienes padecen enfermedades graves.

La mesa de justicia trató este tema el lunes. La ministra Ledy Zúñiga sostuvo que unas 6 mil personas que cumplieron entre el 60% y 80% su pena podrían beneficiarse (no la población carcelaria de alta peligrosidad) de la alternativa de brazaletes.

Ahora se trabaja en la fase de pilotaje que va a permitir hacer las pruebas del uso de los dispositivos establecido en el artículo 522 del Código Integral Penal. Anunció que entre enero y marzo será esa fase y estará anclada al sistema del ECU-911. “Hemos analizado la población penitenciaria que podría beneficiarse del brazalete. Hay cerca de 6 mil casos que podrían beneficiarse, pero inicialmente se aplicará entre 100 y 500 dispositivos en el plan piloto”. (I)