El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, aún no tiene detalles de la propuesta de enmienda constitucional que trabaja internamente Alianza PAIS.

Alianza PAIS analiza un segundo paquete de enmiendas en las que se incluirían temas de justicia, incluso relacionados con las atribuciones del CJ.
No conozco los textos oficiales (...). La enmienda que tiene que ver con la justicia que se conoce es la relacionada con la organización territorial. La Función Judicial estaba organizada territorialmente por cantones, por provincias y la Corte Nacional. Lo que la enmienda permitiría es que el CJ, en función de las necesidades territoriales de los ciudadanos, es decir, en función del principio de acceso a la justicia, pueda organizar de otra manera territorialmente las competencias jurisdiccionales.

¿El CJ participó en construcción de esta enmienda?
No, no conozco los textos. Los están trabajando directamente los asambleístas.

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¿Lo que se busca enmendar lo ve como necesario o urgente?
Lo veo como muy interesante. Puede ser una herramienta que nos puede permitir organizar mejor el servicio en función de las necesidades de cercanía, en función de las necesidades del usuario de mayor cercanía del servicio.

Representantes de colegios de abogados de varias provincias aseguran que desde el CJ se pretende injerir políticamente en ellos. ¿Se pretende cooptar estos espacios desde el CJ?
Eso es absolutamente falso. Lo que sí nos gustaría es coordinar mucho mejor con algunos colegios de abogados. Lo hacemos con la gran mayoría, pero hay algunos que han entrado con una agenda política, son ellos y no nosotros los que desde esa agenda dicen estas cosas.

Para el próximo año, la Función Judicial recibirá $ 32 millones menos que lo que recibió en el 2015 ($ 117 millones). ¿Qué proyectos de inversión se verán afectados?
El presupuesto que vamos a recibir nos va a permitir terminar las obras que están en camino. Tenemos más de seis obras muy importantes. Cumpliremos el gran complejo judicial norte de Quito; terminaremos el Centro Judicial con la Unidad de Flagrancia de Quitumbe; las obras en las provincias de Bolívar, Napo, en Guayas (en El Empalme y Durán)... Hemos avanzado, pero sin duda hace falta en provincias una infraestructura mayor.

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¿Con el presupuesto que tienen se garantizará la operación del nuevo sistema de oralidad que entrará en vigencia en mayo de 2016?
Ese presupuesto nos va a permitir hacer las remodelaciones para que hasta mayo tengamos las salas de audiencias suficientes en todos los cantones del país (...). Ya hay un presupuesto destinado a capacitación, salas de audiencia, infraestructura, herramientas informáticas, firma electrónica... (I)