El contralor Carlos Pólit presentó una acción pública de inconstitucionalidad por “vicios de forma y procedimiento” de las enmiendas a los artículos 211 y 212 de la Constitución.

Un días después de que las enmiendas fueron publicadas en el Registro Oficial, el pasado lunes, la institución envió la demanda sin anunciarlo a la prensa. La Corte Constitucional (CC) publicó una síntesis la noche de ese mismo día. El código del caso es 0100-15-IN.

La Asamblea restó a la Contraloría la atribución de realizar auditoría de gestión.

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Semanas atrás, en entrevista con EL UNIVERSO, Pólit señaló que estas enmiendas son “antitécnicas” porque el componente de gestión es un factor que siempre está presente en los exámenes que realiza la Contraloría, pues el control de los recursos públicos es un sistema y no un conjunto aislado de actividades. El contralor negó el argumento oficialista de que se estaban duplicando funciones.

Pólit agregó que la consecuencia de la aplicación de esta enmienda es que las entidades que manejan recursos públicos serán juez y parte de la gestión que realicen sobre esos fondos en el caso de que se establezcan anomalías que hayan determinado el incumplimiento parcial o total de la planificación que cada entidad se fijó.

Entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de octubre de 2015, la Contraloría tiene aprobados o en ejecución 866 informes de auditoría y exámenes con enfoque de gestión, según información del organismo.

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A esta demanda se suma la presentada por el dirigente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, y el asambleísta Milton Gualán (Pachakutik), el mismo día que entraron en vigencia las enmiendas.

Ellos objetan los cambios a los artículos 104, referente a la consulta popular; 114 y 144 sobre la reelección indefinida; 158 sobre las labores complementarias de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); 211 y 212 sobre las funciones de la Contraloría; 326 sobre los trabajadores públicos; y 384 sobre la comunicación como servicio público.

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Ángel Rivero (AP), vicepresidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, manifestó que la Asamblea actuó apegada a lo que establece la Constitución respecto al trámite de las enmiendas y que las personas que presentaron las demandas están en su derecho y la Corte es la encargada de calificar y decidir.

Hasta el cierre de esta edición, no se podía acceder al documento presentado en la página web de la Contraloría, ni tampoco el organismo de control lo hacía público. (I)