El Movimiento Unidad Popular presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la Proforma Prespuestaria 2016. Según Geovanny Atarihuana, presidente de la tienda política, el presupuesto general del Estado, aprobado por la Asamblea, viola al menos ocho disposiciones constitucionales.

Explicó que estas violaciones tienen que ver con una menor entrega de recursos para Educación, Salud y Seguridad Social y además comentó que en la proforma se privilegia el pago de la deuda externa.

Atarihuana sostuvo que tras el compromiso constitucional establecido en la Carta Magna “ya deberíamos haber llegado al 6% del PIB en Educación, sin embargo, estamos estancados en 3.5%”. También explicó que en Salud el presupuesto debería ya representar el 4%, pero lo destinado en esta proforma solo alcanza el 2.5%.

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En la demanda también se argumenta que se está afectando el patrimionio de la Seguridad Social, pues la Carta Magna dice que en la Constiutción deberán establecerse los recursos para esta, pero no se los ha incluido.

Además sugirió que el ajuste se haga en las áreas de propaganda, inteligencia y en bienes superfluos.

Atarihuana finalizó indicando que espera que la nueva Corte cumpla con la ley y así demostrar su independencia del Ejecutivo.  (I)