El contralor Carlos Pólit analiza interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la enmienda que quita a la institución la potestad de realizar auditorías de gestión. El segundo debate del paquete se realizaría esta semana.

La Comisión Ocasional resolvió dejar la enmienda sobre la Contraloría; es decir que le retira la atribución de realizar auditorías de gestión. ¿Qué opina sobre esto?
Tal como está planteada, la enmienda es antitécnica porque en todo examen que realiza la Contraloría el componente de gestión es un factor que está presente, de manera indisoluble, ya que el control de los recursos públicos es un sistema y no un conjunto aislado de actividades; de ahí que es técnicamente inadecuado desligar del análisis del manejo de los recursos públicos el contexto en que se identificó la necesidad de la utilización, el modo en que se utilizaron y la consecución o no de los objetivos definidos por las entidades. Además, no hay otra entidad a la que la Constitución asigne la competencia del control de los recursos públicos; por lo que es insostenible el argumento de una duplicación de funciones con otros entes del Estado ya que es inexistente...

¿Qué consecuencias traerá la eliminación de su atribución?
Las entidades que manejan recursos públicos serán juez y parte de la gestión de esos fondos. En el caso de que se establezcan anomalías que hayan determinado el incumplimiento parcial o total de la planificación, ¿podremos confiar en que serán identificadas? De hallarse irregularidades, ¿podremos confiar en que se aplicarán los correctivos legales? Le recuerdo que la Contraloría está impedida legalmente de ejercer la coactiva de las glosas confirmadas que emite a los gobiernos locales, a universidades y a toda entidad con facultad coactiva propia. Por esto, en el periodo 2008-2014, el Estado dejó de percibir $ 400 millones. Sin la atribución de la auditoría de gestión, ¿podremos aspirar a que se sancione a quienes mal utilizaron los recursos? Desde luego que no.

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¿Qué opciones le quedan ahora a la institución?
Hemos analizado los distintos escenarios que podrían presentarse y, de aprobarse las modificaciones como están propuestas, sin duda que ejerceremos todas las acciones que la ley nos franquea, entre ellas, el demandar la inconstitucionalidad de los cambios introducidos, pues ni son viables técnicamente dentro de un concepto moderno de auditoría gubernamental, ni pueden hacerse a través de enmienda sino, en todo caso, mediante una reforma a la Constitución.

Grupos sindicales y sociales advierten con realizar movilizaciones a la par del segundo debate de las enmiendas. ¿Se sumaría?
Dirijo un organismo técnico que, en el caso que nos atañe, ha expresado una posición sin apasionamientos políticos. Si yo saliese a las calles, las personas que se oponen a que la Contraloría siga ejerciendo sus competencias tendrían un pretexto para transformar en político un tema que es técnico. Para nosotros, el tema no termina con la probable aprobación de las enmiendas, vamos a llevar nuestra posición a la vía legal en todas las instancias. Esa es una obligación que como contralor tengo el deber de ejercer, no solo pensando en mi gestión, sino en la de quienes la ejercerán en un futuro... (I)