El gobierno del presidente Barack Obama pidió ayer a la Corte Suprema que resuelva rápidamente sobre sus planes para impedir la deportación de millones de inmigrantes que están en situación irregular y darles permisos de trabajo.

Los documentos presentados piden al alto tribunal un “examen inmediato” del deseo del Gobierno de proteger hasta 5 millones de inmigrantes, que en su mayoría son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en situación regular.

La apelación, presentada un año después de que Obama anunció sus medidas ejecutivas sobre inmigración, pide a la Corte que intervenga en una disputa entre 26 estados principalmente de gobierno republicano y el gobierno central demócrata. Si la Corte acepta el caso y falla hacia fines de junio y si el fallo es favorable al Gobierno, a Obama le quedarán 7 meses para aplicar sus planes.

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Texas, el estado que encabeza la demanda, tiene 30 días para responder, pero puede pedir una extensión. Si los jueces no aceptan el caso para mediados de enero, el asunto probablemente no se resolverá durante la presidencia de Obama, que finaliza en enero de 2017. (I)