La Defensoría del Pueblo se sumó a las críticas al alto mando militar por asistir a la audiencia de juicio por el supuesto delito de lesa humanidad que se realizó el 9 de noviembre pasado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esta, sin embargo, se suspendió hasta nueva fecha.

El organismo pidió no politizar el proceso y que no se “criminalice ante la opinión pública a quienes fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos” que se detallan en el informe de la denominada Comisión de la Verdad.

Luis Vacas, Susana Cajas y Javier Jarrín, miembros del extinto grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), acusan a siete militares en servicio pasivo y a uno de la Policía del supuesto delito.

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A través de un comunicado, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, exhortó a que este caso se mantenga en lo “estrictamente judicial evitando cualquier medida de presión que afecte la independencia de las autoridades judiciales”. (I)