La abogada ambientalista Inés Manzano, representante de los residentes de Samborondón, anunció ayer, al término de la audiencia de presentación del puente Guayaquil-Samborondón, que presentará una demanda en contra de los alcaldes de Guayaquil, Samborondón y Daule, y los consultores de los puentes entre esas jurisdicciones, por “ocultamiento de información”.

Cuestionó que no se le haya permitido intervenir en el acto y criticó la supuesta falta de información del proyecto.

Refirió que hay inquietudes formuladas que no han tenido respuestas de los organismos competentes, entre ellos la Prefectura, que debe entregar la licencia ambiental para que pueda empezar la obra.

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En un comunicado, un grupo de moradores de Samborondón insistió que de acuerdo con el estudio “contratado por los mismos municipios” la mejor ubicación para el puente es el km 6,8 de la avenida Samborondón.

Y aludió que es discriminatorio e inconstitucional que el Cabildo samborondeño quiera cobrar una tasa a los residentes de la parroquia La Puntilla para costear el 70% de la inversión. El 30% le corresponde al Cabildo guayaquileño. (I)