El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) indicó que seguirá monitoreando los desalojos que se efectúan en la ciudad, sobre todo en las riberas del estero Salado, donde hay personas que llevan varios años asentados en área de reserva.

En ese sentido, Billy Navarrete, secretario del organismo, señaló que el desalojo que se ejecutó el viernes pasado en la cooperativa Mélida Toral, en la isla Trinitaria, cumplió con ciertos procedimientos previos que, según él, no se dieron en la operación que se hizo en el mismo sitio, en marzo pasado.

Navarrete refirió que las familias desalojadas el viernes (en 19 casas) ya conocían de las alternativas habitacionales que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) tiene para ellas en Monte Sinaí.

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Dijo que ahora es indispensable que se haga un diagnóstico individual para determinar quiénes están en capacidad de acceder a esas opciones.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares indicó que la participación de las familias dentro del plan tiene un costo que “debe ser cancelado mensualmente en cuotas bajas y sin intereses”. Además, deben pagar una entrada de $ 480.

Pero hay quienes como Mayra Piza y Nilbert Corozo, dueños de una de las casas derrumbadas, se muestran renuentes a esa opción por los costos que deben afrontar (I)