Human Rights Watch (HRW) se pronunció sobre las críticas contra el informe "Represión contra Manifestantes", recibidas por parte de Guillaume Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de AP; la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y el canciller Ricardo Patiño.

En su informe, la ONG concluyó que la fuerza pública en Ecuador utilizó "fuerza excesiva" en las marchas de agosto pasado, y que "las autoridades (del país) no parecen haber hecho esfuerzos genuinos para investigar a los agentes que cometieron abusos".

Long indicó en un comunicado que "en su último informe sobre las protestas de oposición en Ecuador, HRW recoge solamente las opiniones de los detractores del proyecto de gobierno y manipula las cifras descaradamente, develando su total falta de objetividad".

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Por su parte, Patiño calificó como ‘infamia’ la declaración de Human Rights Watch que rechaza supuestos actos violentos del Estado en protestas. Mientras que Zúñiga dijo que rechazaban "las aseveraciones malintencionadas y sesgadas emitidas en el informe".

Pero HRW dice que los cuestionamientos por parte Long, Zúñiga y Patiño no se basan en los hechos y no desvirtúan el contenido del informe.

La ONG indica que el argumento central de los tres pronunciamientos es que el informe no es objetivo porque no incluye información sobre policías heridos. Sin embargo, la organización detalla que el segundo párrafo del informe sostiene que hubo "enfrentamientos aislados entre miembros de las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes que arrojaron piedras y cócteles Molotov" y que "las autoridades señalan que 116 policías y militares resultaron heridos en enfrentamientos en todo el país". Además, la primer cita en el documento señala que "todos los ataques contra policías y militares deben ser investigados" y el reporte incluye una sección sobre la versión oficial sobre los hechos.

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Human Rights Watch asegura que su informe no desestima las denuncias de ataques contra fuerzas de seguridad, pero sostiene -sobre la base de estándares internacionales de derechos humanos- que tales incidentes violentos "no pueden justificar que las fuerzas de seguridad empleen un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y transeúntes, como efectivamente ocurrió en diversos lugares del país durante las protestas de agosto".

Además, se indica que el trabajo de investigación presentado el 10 de noviembre se basa en un análisis exhaustivo de testimonios, informes médicos, videos y fuentes oficiales, incluida información pública emitida por medios de comunicación y la agencia de noticias oficiales e información provista por la Fiscalía General. 

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Entre otros puntos, Human Rights Watch insta a las autoridades ecuatorianas a investigar las denuncias de abusos presentadas en su informe, así como las denuncias públicas que han hecho organizaciones ecuatorianas de derechos humanos y las propias víctimas, "en vez de intentar desviar la atención pública con alegaciones infundadas". (I)