A pesar de que Ecuador deberá pagar a la petrolera Occidental (Oxy) una millonaria indemnización por haber declarado, en el 2006, la caducidad de su contrato con el Estado, el procurador general del Estado, Diego García, insistió esta tarde, en entrevista en Radio Quito, en la legalidad de aquella decisión que, a su juicio, en ese entonces “era la única posible”.

Tras nueve años de una constante disputa jurídica en el exterior, el lunes pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) resolvió que Ecuador debía pagar $ 1.061 millones de indemnización a la multinacional.

García manifestó que un laudo de este tipo “puede resultar difícil de ser materializado y conseguir que el Estado pague”, al tiempo que los países “no quieren exponerse a juicios de ejecución... que en un momento dado generen embargos, retenciones de cuentas o bienes...”.

Publicidad

Por ello, afirmó que hay posibilidades de llegar a un acuerdo con Oxy, al punto que ya se le ha enviado una propuesta y el Gobierno ecuatoriano se encuentra a la espera de una respuesta.

“A lo largo de estos años, Occidental ha manifestado en algunas oportunidades su interés de buscar una solución y Ecuador, en este momento, también le ha manifestado... su intención de solucionar a través de un acuerdo amistoso. Y, de hecho, ha hecho una propuesta que espera una respuesta”, agregó sin detallar su contenido.

Lea también: Cronología del caso Oxy

Publicidad

El procurador señaló que si se ejecuta el pago y existe la posibilidad de aplicar una acción de repetición, antes se debería evaluar si hubo un perjuicio económico para el país por esta decisión. Cuando se declaró la caducidad, en mayo del 2006, García era director jurídico de la Presidencia de la República.

El exmandatario Alfredo Palacio, sostuvo, en el mismo programa que “quizás el problema menos importante sea el económico”, pues el resultado de esa decisión ha provocado enormes ganancias para el fisco desde el 2006.

Publicidad

Consideró que el Ciadi “está abusando de competencias que no tiene”. Palacio se atribuyó la total responsabilidad por la decisión de la caducidad del contrato con la Oxy. (I)