La descripción que da se asemeja a una pirámide de poder que ejercía presión sobre jueces y fiscales. Franklin Nieves asegura que lo vivió desde que en febrero de 2014 asumió, junto con otros dos fiscales, la detención y el juicio contra el líder antichavista Leopoldo López.

Hoy, fuera de Venezuela y destituido como fiscal 41, ha revelado en videos difundidos en internet y en entrevistas a medios internacionales que hubo una trama armada para condenar al político opositor a casi 14 años de cárcel bajo acusaciones de incitar a la violencia, durante las protestas registradas a inicios de febrero de 2014, que dejaron 43 muertos.

Las órdenes, como lo aseguró Nieves el 27 de octubre pasado en una entrevista a CNN, venían presuntamente de dos: el presidente Nicolás Maduro y el que dirige la Asamblea Nacional y es segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello.

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Le seguirían, según Nieves, la fiscal general Luisa Ortega, el vicefiscal Joel Espinoza, directores generales y directores de línea como Nelson Mejía Durán, quien como director de delitos comunes del Ministerio Público era quien instruía supuestamente a fiscales para que se cumplieran las órdenes.

La fiscal general de Venezuela, Cabello y otras autoridades chavistas han cuestionado sus pronunciamientos. El exfiscal mantiene su versión y afirma que tanto fiscales como jueces viven un “psicoterrorismo”.

“Leopoldo es inocente. En ningún momento llamó a la violencia”, reitera Nieves en una entrevista publicada el domingo en el portal online del diario español El País.

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El exfiscal, quien –dijo– era uno de los funcionarios de confianza de Ortega, denuncia que se obligaba “a los expertos, a los funcionarios, a los testigos a que respondieran a las preguntas que les hacíamos. Preparábamos las respuestas, luego firmaban y listo”.

Sostiene que nunca falsificó pruebas antes del juicio a López y negó haber simpatizado con el Gobierno. “Me encomendaron esa locura porque era uno de los (fiscales) con más experiencia”, asevera.

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Nieves, en una entrevista concedida el 28 de octubre a Univisión, considera que los fiscales y jueces viven un “psicoterrorismo” en Venezuela. “Muchos funcionarios (del Sebin) se sentaban alrededor de nosotros vestidos de civil (...) y siempre estaban pendientes de lo que estaba realizando, de la llamada que uno efectuaba”.

El mandatario venezolano no se ha pronunciado sobre el tema y Nieves, quien ha solicitado asilo político en EE.UU., no ha presentado pruebas para respaldar sus denuncias.

No obstante, declara a Univisión que además de los datos que tiene en su cerebro posee pendrives “con mucha información de los casos y evidentemente del caso Leopoldo López”. Asegura que las “instrucciones” siempre eran dadas personalmente en la dirección de delitos comunes. “Mis superiores se cuidan mucho (...), ellos nunca te van a enviar por un correo una instrucción ilegal y dejar constancia a través de un correo electrónico”.

Nieves, de 51 años, señala que huyó el 19 de octubre para no tener que encargarse de la apelación de López en el caso. Viajó a Miami con una visa de turista, acompañado por su esposa y sus dos hijos. “Sabía que ya era tiempo para contar la verdad a la gente. No iba a defender lo indefendible”, añade.

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La policía allanó su casa después de dejar Venezuela, así como su oficina y el lugar de trabajo de su esposa, relata.

El exfiscal, que espera que con sus revelaciones se anule la condena del líder opositor, fue uno de los cinco funcionarios venezolanos involucrados en el juicio a López señalados como blanco de sanciones de EE.UU. en respuesta a la sentencia contra el opositor. (I)

Aclara informe
Tras las revelaciones del exfiscal Franklin Nieves, la perita que actuó en el caso López, Rosa Amelia Asuaje, profesora PhD en lingüística de la Universidad de Los Andes, afirma que en el análisis sobre el discurso del líder opositor, solicitado por la Fiscalía, “en ningún momento (...) afirmo que el ciudadano López hace un llamado expreso a la violencia”. En un artículo publicado en diario Panorama la docente agrega que jamás inculpó a López por la quema de la sede fiscal, porque no tenía pruebas.