Lanchas rápidas entraban de madrugada a la camaronera Engunga, en la comuna del mismo nombre, en Chanduy (provincia de Santa Elena). Se abrían paso por montículos de rocas contiguos al mar.

Narcotraficantes cargaban la cocaína almacenada en ‘caletas’ (escondites) y usando la misma ruta se marchaban.

Un oriundo de esa localidad describe así al ‘modus operandi’ de la banda que la Policía desarticuló en el 2007 en el operativo ‘Huracán Azul’ y que supuestamente tenía vínculos con carteles colombianos. El caso aún no tiene sentencia.

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La camaronera, de 42 hectáreas, pasó a ser manejada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) ese mismo año. Pero desde el 2012 se la alquila a la Junta Parroquial de Chanduy, que se la entregó al Cabildo de Engunga.

Ruperto Mujica es el administrador del negocio. Cuenta que el mes pasado generó una ganancia de $ 20 mil. La cosecha no fue muy buena por el ambiente frío de la Costa. Pero el dinero alcanza de todas formas para mantener los proyectos sociales de la comunidad: una tienda, una farmacia, un ciber y un espacio de recreación para ancianos.

La camaronera está en la lista de unos 400 inmuebles que ahora maneja el Consep y que fueron retenidos en operativos contra el narcotráfico o lavado de activos. También hay casas, haciendas, edificios, departamentos, motos y carros.

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Aparte, la institución tiene a cargo otros bienes muebles, desde obras de arte y mobiliario hasta peinillas. Y una cuenta en el Banco Central del Ecuador.

Todos estos propiedades y objetos, según la séptima disposición transitoria del proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas, pasarán al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) en un plazo de 180 días.

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La disposición final dice que la ley regirá 90 días después de su publicación en el Registro Oficial; excepto esa transitoria y otras más.

La norma, que fue aprobada este 1 de octubre en la Asamblea y que aún está en manos del Ejecutivo para su sanción o veto, convierte al Consejo (que depende de la Procuraduría) en una Secretaría Técnica (adscrita a la Presidencia).

Esta, a su vez, ejecutará y evaluará las políticas públicas que formulará un Comité Interinstitucional conformado por seis ministerios del área social, justicia y de seguridad, y que preside el mandatario.

Con esas nuevas labores, el Consep ya no administrará los mencionados bienes, cuyo mantenimiento le cuesta al Estado $ 2,5 millones al año.

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El procurador Diego García dice que está esperando que el Ejecutivo tome una decisión sobre la ley. “Ahí veremos si se mantiene la transitoriedad prevista, que es de 90 días (para que entre en vigencia), dentro de los cuales el Consep empezará a traspasar los bienes...”.

Agrega García: “Los bienes están inventariados desde antes de la aprobación de la ley, de manera que solo se hará la entrega de forma ordenada...”.

Los bienes, en especial los inmuebles, permanecen en depósito en el Consep bajo dos figuras: la custodia (cuando el caso de narcotráfico en los que fueron retenidos no tienen sentencia) o el comiso (cuando ya la tienen), explica Rodrigo Vélez, director del organismo.

De los 400 bienes inmuebles, 185 están arrendados por terceros; 81 están a disposición de quienes deseen alquilarlos; 63 no pueden arrendarse porque están en lugares inaccesibles (montañas o selvas, lugares favoritos de los ‘narcos’); y otros 42 fueron cedidos en comodatos a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que desarrollen proyectos productivos para financiar obras sociales en sus jurisdicciones.

En ese último grupo está la camaronera de Engunga; además de haciendas ubicadas en varias provincias.

Vélez reseña que aún antes de la vigencia de la norma ya entregaron 62 propiedades comisadas a Inmobiliar.

Según cifras de la institución, los bienes inmuebles están valorados en unos $ 40 millones; y los muebles, en $ 370 mil.

Pero Vélez señala que son cifras aproximadas porque es “complejo” avaluarlos. Esto porque en ciertos casos no se comisó una casa o un departamento entero, sino una o dos habitaciones u oficinas. (I)

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Atribuciones tendrá la nueva Secretaría Técnica de Drogas, si el Ejecutivo no cambia el texto aprobado en la Asamblea