Era agosto de 2011. Hasta ese entonces, más de dos mil personas habían muerto en enfrentamientos con la fuerza pública de Siria desde que en marzo de ese año iniciaran protestas contra el régimen de Bashar al-Asad. Reunidos en Ginebra (Suiza), sede del Consejo de Derechos Humanos –órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU)–, delegados de los gobiernos de cuarenta y cinco países, entre ellos Ecuador, analizaban la situación de esta nación árabe, hoy sumida en una cruenta guerra civil que deja más de 250 mil muertos.

Tras dos días de deliberaciones, una mayoría de 33 países resuelve, el 23 de agosto de 2011, la creación de una comisión internacional independiente que investigue los supuestos abusos cometidos por el gobierno contra los manifestantes. Pero no todos los que eran miembros del Consejo de DD.HH. en ese entonces estuvieron de acuerdo. En la pantalla que mostraba los resultados de la votación, cuatro franjas rojas sobre los nombres de Ecuador, Rusia, China y Cuba indicaban que habían votado en contra, a más de ocho abstenciones y dos ausencias de los 47 miembros de la ONU que forman parte de este organismo.

El Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas fue creado el 15 de marzo de 2006 en reemplazo de la otrora Comisión de DD.HH. La Resolución 60/251 de la Asamblea General con la que se crea este organismo establece que “deberá ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos” y “hacer recomendaciones al respecto”, entre otras competencias. En este documento se indica que los miembros de la ONU pueden postularse para integrarlo por periodos de tres años a ser renovados una sola vez. Ecuador buscará ser elegido este miércoles para retornar al interior de esta organización, luego de haber sido parte de la misma entre 2006-2009 y 2009-2012.

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Los gobiernos de Bahamas, Panamá y Venezuela también quieren ocupar una de las tres plazas disponibles de las ocho asignadas a América Latina y el Caribe para conformar el Consejo de DD.HH. Serán elegidos los que obtengan la mayoría entre las 193 naciones de la ONU.

La Resolución 60/251 determina, además, que “la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de este que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

Pero catorce exjefes de Estado o de Gobierno miembros del Club de Madrid –organización que debate sobre la democracia– solicitan en un documento enviado a la Asamblea General, el 19 de octubre pasado, que se condicione la presencia de Venezuela, que va por su segundo mandato, a cambio de que el Gobierno de ese país se comprometa a liberar a los presos políticos y a la aceptación de observadores internacionales “imparciales” en las elecciones del 6 de diciembre próximo.

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Bahamas y Panamá nunca han ocupado un espacio en el interior de este organismo. Venezuela, como miembro actual del Consejo de DD.HH., ha votado en contra de la instauración de relatorías especiales –procedimientos establecidos por la ONU para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en temas o países específicos– para los casos de Corea del Norte y Bielorrusia. Ambos países han sido acusados de restringir la libertad de expresión, se han suprimido los sindicatos y sus líderes políticos se mantienen en el poder desde hace décadas.

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG estadounidense que investiga y evalúa el cumplimiento de los DD.HH. en el mundo, afirma que Ecuador y Venezuela no son los candidatos más apropiados para ocupar un puesto en el Consejo. En el caso del primero, Vivanco señala “las limitaciones a la independencia judicial, la vulneración de la libertad de expresión y el hostigamiento a defensores de DD.HH.”.

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Sin embargo, dice Vivanco, los miembros de la Asamblea General deben considerar que la situación en Venezuela, por el “deplorable récord del Gobierno venezolano durante las votaciones en el Consejo, su sistemático rechazo al trabajo de organismos  internacionales de derechos humanos y la violación de libertades fundamentales, es especialmente grave”, dice.

Daniela Salazar, catedrática de Derechos Humanos en la Universidad San Francisco de Quito, afirma que los países pueden presentar de forma voluntaria compromisos en materia de DD.HH. a cambio de que el resto de naciones los elijan para ser parte del Consejo. Por ejemplo, Vietnam se comprometió a limitar los delitos que se castigan con la pena de muerte: “Sería interesante ver qué tipos de compromisos voluntarios plantea Ecuador o Venezuela”, dice.

Entre las competencias del Consejo de DD.HH. está la de realizar un examen periódico universal a todos los miembros de la ONU, cada cuatro años y medio, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos.

Esta evaluación se basa en tres documentos: un informe nacional elaborado por el Estado que se examina; una compilación de información de la ONU sobre el Estado objeto de examen y un resumen de la información presentada por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil).

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El excanciller ecuatoriano José Ayala Lasso, quien actuó como Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos en el periodo 1994-1998, considera que el problema de estas evaluaciones es que sus recomendaciones no son vinculantes, “tienen un carácter de cumplimiento moral”.

Venezuela se sometió a este examen por última vez en 2011. En los debates, países como Israel, EE.UU., Francia y Canadá conminaron al gobierno del país sudamericano a que no se reprima la labor de las ONG y se defienda a los activistas de los derechos humanos, incluidos los que sean críticos con la labor del régimen. Ecuador, por su parte, planteaba que Venezuela siga “promoviendo la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”, según el ‘Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal” de diciembre de 2011, que consta en el sitio web del Consejo.

Entre 2010 y 2012, Ecuador, Bahamas y Panamá también se sometieron a estas evaluaciones con un resultado similar.

Salazar considera que uno de los factores negativos del sistema de derechos humanos de la ONU es no contar con una corte, como sí ocurre en Europa, América y África, donde hay instancias regionales: “Asia, Oceanía, son continentes enteros que no tienen una corte que generen sentencias y, en el caso de América, no todos los miembros de la Organización de Estados Americanos han ratificado la Convención”, afirma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 300 sentencias en sus 35 años de funcionamiento. 

Casos en la corte-IDH
Venezuela

Libertad de expresión
El 22 de junio de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenció al Estado venezolano a restablecer la concesión de la frecuencia al canal Radio Caracas Televisión, cerrado en mayo de 2007.

Sentencias
Suman 19 los casos registrados contra este país que han sido sentenciados desde que, el 23 de junio de 1977, Venezuela ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con ello la injerencia de la Corte-IDH. Algunos de los procesos son por muertes, como las ocurridas en medio de manifestaciones en el denominado Caracazo, entre febrero y marzo de 1989. 

Ecuador
Derecho a la salud

Esta sentencia contra el país fue emitida el 1 de septiembre pasado a favor de una persona que se infectó con el virus del VIH cuando tenía 3 años de edad mediante una transfusión de sangre proveniente de un Banco de la Cruz Roja en una clínica de salud privada.

Sentencias
Un total de 16 casos presentados contra Ecuador han sido sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) desde que el país ratificó la Convención sobre Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1977. Algunos de los procesos son por muerte, desaparición e irrespeto de los derechos del pueblo indígena Sarayaku. 

Panamá
Derecho a la tierra

La violación del derecho a la tierra de los miembros de las comunidades indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano afectadas por la construcción de una presa corresponde a la última sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el 14 de octubre de 2014, contra Panamá.

Sentencias
Suman cinco los casos presentados contra este país que han sido sentenciados. Los procesos responden a detenciones arbitrarias, desaparición forzada y despidos dentro del sector público. Panamá ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de mayo de 1978. 

Bahamas
Sin firma

Este país no ha firmado ni ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos por lo que la Corte Interamericana de DD.HH. no tiene injerencia para coger los casos que puedan registrarse.

Convenios internacionales Bahamas tampoco ha firmado la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos acuerdos con carácter vinculante. (I)
 

Elegir a Venezuela dará el mensaje de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un cheque en blanco para continuar cometiendo abusos”.José Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch