Desde el 15 de octubre, los extranjeros que quieran obtener la nacionalidad española deberán superar dos pruebas, una de lengua y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales del país europeo.

El trámite dejará de ser gratuito y los interesados tendrán que abonar una tasa de 100 euros (unos 113 dólares) para iniciar el procedimiento. Estos cambios entran en vigor tras la reforma en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, de julio pasado.

En los últimos años, unos 100 ecuatorianos al día obtuvieron el pasaporte español. Es uno de los colectivos afectados por las modificaciones de la legislación. A mediados de 2014, en torno a 266.000 connacionales ostentaban la doble nacionalidad.

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Organizaciones como Fedelatina consideran que estos cambios “vulneran derechos fundamentales, restringen claramente el acceso a la nacionalidad y crean un sistema costoso, arbitrario e injusto”.

Si bien los latinoamericanos están exentos de rendir el test de conocimiento de castellano; sí tendrán que aprobar la prueba CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España) que ha elaborado el Instituto Cervantes y cuyo coste es de 85 euros (96 dólares).

Para ser considerados aptos, deberán responder en 45 minutos 15 de las 25 preguntas que se escogerán de manera aleatoria de un total de 300. Seis de cada diez serán sobre la Constitución. Adicionalmente, los solicitantes se examinarán sobre temáticas tan variadas como la profesión de Penélope Cruz, el clima de Canarias, el museo más emblemático de Bilbao, la baja por maternidad, el poder judicial, la Jefatura del Estado, la enseñanza de lenguas cooficiales…

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El Instituto Cervantes ha puesto a disposición de los peticionarios un manual gratuito en el que constan las 300 preguntas posibles. Habrá 10 convocatorias al año, los últimos jueves de cada mes, excepto en agosto y diciembre. La primera será el 29 de octubre. El certificado de haber superado la prueba tendrá una vigencia de 4 años.  (I)