Seleccionados por Comisión, a la espera de sorteo público

Un sorteo público definirá a quiénes reemplazarán los tres funcionarios cercanos al oficialismo que fueron ratificados como jueces de la Corte Constitucional por la Comisión Calificadora encargada de renovar a este organismo.

Según el cronograma, dicho sorteo se realizará el 26 de octubre; y un día después se notificarán los resultados a la Asamblea para que posesione a los nuevos el 6 de noviembre.

El jueves pasado, la Comisión divulgó la lista de los aspirantes mejor puntuados, con los cambios generados por el pedido de recalificación de uno de ellos (ver la tabla adjunta).

Pamela Martínez, asesora de despacho del presidente Rafael Correa, encabeza la nómina: obtuvo 100/100.

Le siguen Roxana Silva, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Francisco Butiñá, exasesor ministerial y exjefe político de Guayaquil.

En una primera calificación, este último alcanzó, 68,25/100, y tras la revisión de su puntaje subió a 74,25/100, pero se desconocen los argumentos para su recalificación.

Los que no fueron elegidos pasarán al banco de elegibles.

A los tres puestos que deben renovarse podría sumarse un cuarto si el actual presidente de la CC, Patricio Pazmiño, renuncia a su cargo cuando se posesione como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en enero del año próximo.

Aunque ha dicho públicamente que saldría de la CC, EL UNIVERSO conoció que analiza la posibilidad de no hacerlo.

Según el artículo 18 del Estatuto de la CorteIDH, existirá incompatibilidad para ejercer el cargo de juez en estos casos: si el candidato es miembro o alto funcionario del Poder Ejecutivo; los agentes diplomáticos que no sean Jefes de Misión ante la Organización de Estados Americanos (OEA); los funcionarios de organismos internacionales; o cualquier cargo y actividades que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo.

Bruno Rodríguez, vocero del departamento de Comunicación de la Corte, con sede en Costa Rica, dijo que el organismo no podía emitir un pronunciamiento sobre el tema y pidió que se observe la normativa interna. (I)