Las familias ecuatorianas afectadas por la intervención y proceso de liquidación de la empresa Promaga Ecuador tienen plazo hasta antes del 4 de noviembre para hacer llegar al liquidador Armando Arce Cepeda los documentos que certifican la inversión en las viviendas del proyecto urbanístico ofertado por la empresa de capital español. En torno a 1.200 familias afincadas en España, Italia y Estados Unidos han visto, de momento, frustrados sus planes de tener una vivienda en la urbanización “La Nueva Gran Ciudad Andalucía”, en Durán. Hasta marzo pasado, la inmobiliaria solo había entregado 50 de las 418 casas (sus precios oscilaban entre 25.000 y 60.000 dólares) previstas en 2014.

Según la última notificación recibida por los acreedores, Promaga Ecuador ha iniciado un proceso de reactivación tras mostrar su interés de realizar un convenio de pagos abonando, en virtud de la ley, el 20 por ciento de la deuda total liquidada; es decir, $1.710.473,38. A la espera de que la empresa subsane todas las causales de disolución y sus obligaciones pendientes para suspender la segunda fase de liquidación, la certificación de los contratos de compra-venta, convenios, planos de construcción, recibos de pagos o pagarés avanza en los consulados. Los perjudicados deben presentar en las legaciones diplomáticas los documentos originales y dos juegos de fotocopias. El costo del trámite es de 10,50 euros.

Hasta el 19 de octubre, los consulados se encargarán de enviar la documentación a Ecuador, mediante valija diplomática. Después de esa fecha, “continuaremos con la certificación pero es el propio ciudadano quien deberá hacer llegar los documentos a la sede del liquidador en Guayaquil (la dirección es Pichincha 4-10 y Aguirre, 5º piso, Edificio Mutualista Pichincha”, explica Gustavo Mateus, cónsul en Madrid.

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En junio, los perjudicados presentaron una copia simple de la documentación para probar su relación comercial con la empresa con el propósito de formalizar su denuncia ante la Defensoría del Pueblo. La actual certificación permitirá al liquidador conocer quiénes y cuánta fue la inversión realizada por cada persona para que en caso de que se liquiden los activos de la compañía se reintegre el dinero a los acreedores. (I)