​La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó este martes los dos proyectos de resolución que contiene los informes de la Comisión de Justicia, que determinan la identidad de los diputados presuntos responsables de la violación de derechos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Constitucional (TC) al ser destituidos en el 2004.

En el caso del proyecto de resolución que detalla a los supuestos responsables de la destitución del Tribunal Constitución apoyaron 75 asambleístas, 4 se opusieron y 4 se abstuvieron.

Mientras el segundo proyecto, que detalla a los supuestos responsables de la destitución de los magistrados de la Corte, 76 asambleístas votaron positivamente, 5 la negaron y 2 se abstuvieron.

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Con estos votos, la presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira y el procurador del Estado Diego García podrán presentar la demanda de repetición para que los excongresistas (cuyos nombres están en los informes), sean los que paguen alrededor de $ 15 millones de indemnizaciones que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2013.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y ponente de los proyectos de resolución, planteó al inicio del Pleno que se considere como presuntos responsables de violación de derechos establecidos en la CorteIDH a los exdiputados del Congreso que votaron a favor de la resolución del 8 de diciembre del 2004.

Los asambleístas de Alianza PAIS apoyaron y justificaron su accionar asegurando que el Estado no puede pagar millones de dólares frente a la actitud de funcionarios públicos y exdiputados del Congreso Nacional del 2004 que actuaron por fuera de lo que dicen sus funciones.

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Para Zobeida Gudiño (AP) la resolución de la Asamblea establece como pide el procurador del Estado, "cuáles son los presuntos responsables que determina la Asamblea Nacional para que luego, a través de la justicia, ellos digan si actuaron bien, de acuerdo a sus funciones y ahí se determinará la repetición".

El ahora independiente Ramiro Aguilar dijo no estar de acuerdo con la resolución porque "un asambleísta no puede ser civilmente responsable de sus votos, porque no somos funcionarios públicos al servicio del Estado, somos representantes ciudadanos en el órgano legislativo que genera actos políticos y no jurídicos".

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​Antonio Posso de Avanza también cuestionó los proyectos de resolución y su bloque no dio su voto de apoyo. Él les recordó a los asambleístas del oficialismo que el actual periodo legislativo solo dura 4 años y "lo que están haciendo se puede convertir en un bumerang".

Conozco, dijo, "que se tramita una demanda en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos por aquellos diputados cesados del Parlamento, denominados 'de los manteles' y se viene una indemnización para el exasambleísta Cléver Jiménez por destituirlo sin levantarle la inmunidad parlamentaria". (I)