Índice para salarios en islas, listo en diciembre

QUITO

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Galápagos estará listo en diciembre próximo, anunció ayer el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), José Rosero.

Lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea para explicar los avances de este punto que consta en la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos.

El IPC servirá para calcular el salario de los galapagueños, sean del sector público o privado. La anterior norma establecía que un trabajador privado en las islas debe ganar 75% más que uno del continente, y uno público 100% más.

Rosero informó que para determinar el IPC se ha construido una canasta que respeta los patrones y preferencias de los consumidores de Galápagos.

Explicó que la canasta está compuesta por 277 productos alimenticios y no alimenticios.

“Tenemos que medir la relación de precios entre Galápagos y el continente, valorar la canasta de Galápagos en el continente y ver cuál es el diferencial del precio. No estamos tomando como referencia la canasta del continente, estamos construyendo una canasta para las islas”, subrayó el director.

Y agregó que su costo todavía no ha sido definido.

Rosero indicó que la elaboración del IPC considerará otros dos componentes: “una especie de censo económico” sobre los establecimientos comerciales y “las especificaciones de los productos de las canastas”.

Tras su exposición, los asambleístas de Galápagos, Ángel Vilema (antes de AP) y Fanny Uribe (Avanza), lo cuestionaron.

Vilema afirmó que la inclusión del IPC no fue una decisión técnica sino ‘política-técnica’, ‘antojadiza’.

Pero pidió considerar que varias familias tienen doble gasto por el hogar que mantienen en la isla y el del hijo que estudia en el continente.

También pidió que se tomen en cuenta la existencia de una temporada alta y otra baja.

Uribe insistió en que es importante saber cuál es la lista; se preguntó, por ejemplo, si considera el transporte interislas.

Estos dos asambleístas se opusieron a varios puntos del entonces proyecto de ley. Vilema incluso se separó de AP.

La norma rige desde junio pasado, y su promulgación generó manifestaciones de rechazo dentro y fuera de la isla. (I)