Luis Alberto Martínez Castillo, en calidad de gerente general encargado del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS de Guayaquil, presentó a este Diario un pedido de rectificación de un reportaje publicado el 21 de septiembre, en la página 11, en los siguientes términos:

“El artículo inicia con un relato de la situación de un presunto paciente, cuyo caso se expone para lectura de la siguiente manera: Una vez más, Carmen Anchundia, de 63 años, salió del edificio de la flamante Consulta Externa del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo con la frente alta, pero con los ojos cristalinos, rojos, cargados de lágrimas. “No puede caminar, ahora mismo tiene dolor, le mandan ranitidina y digeril, tampoco hay”, dice al borde de la desesperación y mostrando las recetas que le dio el médico . Es de notar que esto no es información sino un relato subjetivo, pues alude a un hecho personal del paciente y se lo reproduce como si fuese la realidad de todos los pacientes en su condición. Continúa: “Estamos abasteciéndonos, están llegando poco (...). Llegan para un mes como contingente, mientras el proceso normal se eleva rápidamente”, indicó Belén Moreno, jefa de la farmacia, al ser consultada por este Diario en marzo pasado. El proceso “normal” al que ella se refería comprende un trámite de 14 requisitos que se aplican para toda compra de medicinas, insumos, reactivos, utensilios o piezas de equipos médicos.

Están encasillando el proceso como si fuera algo anormal el cumplir con las fases asignadas en la ley, al ponerlo entre comillas. En todas las entidades públicas se debe manejar y respetar un procedimiento establecido en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.

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Un procedimiento que puede tardar tres, cinco o siete meses, incluso más si se trata de medicamentos para enfermedades como el cáncer y que no constan en el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP) como, por ejemplo, el nilotinib de 200 miligramos.

Se afirma que esa es la duración del proceso; no obstante, diversas circunstancias han retrasado los tiempos en las fases del proceso, lo cual se está superando en esta administración. La duración de gestión del proceso toma alrededor de 45 días. La realidad es que 13 medicamentos de alto costo que no constan en el cuadro básico ya se encuentran con certificación presupuestaria para realizar compra directa. Los procesos para la adquisición de 8 medicamentos adicionales que también se encuentran fuera del cuadro básico fueron declarados desiertos por no tener dependencia de continuidad en los pacientes. Debemos recalcar que estamos a la fecha abastecidos con el 97,3% de los fármacos oncológicos que se encuentran en el Cuadro Básico de Medicamentos. No se hace seguimiento de los casos para informar las causas y acciones tomadas respecto de cada requerimiento, más allá de que se utilizan documentos a los cuales asumimos ha tenido acceso sin la debida autorización o pudiesen haber sido solicitados a una administración anterior, puesto que no tenemos evidencia del requerimiento en esta administración.

La contratación de emergencia declarada por la máxima autoridad del IESS no tiene relación con las contrataciones de medicamentos realizada por el hospital a las cuales en esta administración se le está dando especial prioridad. El diagrama donde se indican los pasos para las adquisiciones en el hospital Teodoro Maldonado Carbo cita como fuente “Servicio de Contratación Pública”, hospital del IESS; cuando en la entidad no existe un “Servicio de Contratación Pública” como órgano o dependencia encargada del área de adquisiciones, sino una jefatura de compras públicas, razón por la cual en la fuente se hace constar un dato inexacto.

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Nota de la Redacción:
Este Diario solicitó desde el 8 de septiembre entrevistas con el director general del IESS y un representante del hospital Teodoro Maldonado Carbo para abordar los avances de obras y las problemáticas pendientes en el hospital, con el objeto de contrastar la información, una práctica periodística de nuestro Diario, y porque la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder libremente a la información generada en instituciones públicas.

El director general no atendió nuestra solicitud; nos recibió el supervisor del Ministerio de Salud en el hospital, Jonás Gonseth, a quien se le pidió informes de la situación de áreas médicas, que aún no se han entregado.

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Colocar la palabra normal entre comillas no significa alguna anormalidad, pues estas en la gramática castellana se utilizan para citas directas o textuales.

Los documentos en los que se basa la información, por tratarse de servicios públicos, son de libre acceso; por lo tanto, no se requiere autorización para su publicación. La Ley de Acceso a la Información obliga a las entidades públicas a difundirlos en sus sitios web.

El Servicio de Contratación Pública (Sercop), citado como fuente en el diagrama, es la entidad estatal encargada de registrar los contratos del sector público, no se hace alusión a ninguna dependencia del hospital.

Con el testimono de Ángel del Valle, empleado del Ministerio del Interior, no se afirma en el reportaje que esta situación la enfrenten todos los pacientes. Se trata de la experiencia de uno de ellos recogida durante la reportería, testimonio que este Diario muestra por tratarse de una información relevante y de interés general, y para que sea acogida por las autoridades para beneficio de los afiliados. (I

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