Dos informes borrador que señalan los nombres de los 55 diputados que votaron por el cambio de los vocales del Tribunal Constitucional (TC) y de los 52 diputados que votaron a favor de la cesación de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2004 prevé aprobar hoy la mayoría de Alianza PAIS (AP) en la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Este trámite busca que se aplique el derecho de repetición y que devuelvan al Estado lo que ha pagado y le falta pagar por las sentencias reparatorias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de los magistrados y jueces cesados.

Las resoluciones de destitución las propusieron entonces María Augusta Rivas (PRE) y Luis Villacís (MPD) y las apoyó una mayoría legislativa compuesta por el Prian, PRE, Sociedad Patriótica, MPD y algunos independientes.

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Mientras, PSC, ID, Pachakutik se abstuvieron, votaron en contra o no votaron. Para la votación sobre la Corte hubo tres diputados en contra, 41 diputados que decidieron no votar y 4 diputados ausentes y, para la resolución del TC fueron 34 abstenciones y 12 ausentes. Los asambleístas del Partido Socialista votaron a favor para el reemplazo de los vocales del TC y en contra de la cesación de los jueces de la CSJ.

La sentencia de la CorteIDH determinó que, para el caso de los jueces, el Estado debe pagar la reparación de $ 12’353.709,39. Hasta el momento ha cancelado $ 8’857.592,80 y hasta el 30 de marzo de 2016 debe cubrir el saldo de $ 3’496.116,59. Y en lo que respecta a los vocales del TC, ya se pagó $ 2’222.822,29, el 19 de mayo de 2014.

Aunque el procurador general del Estado, Diego García, pidió a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, una investigación sobre estos casos, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), compuesto por mayoría AP y ARE, remitió el pedido a la Mesa de Justicia y esta elaborará los informes aprobados a conocimiento del pleno en los próximos días.

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La oposición rechazó el tratamiento dado al pedido del procurador. Miguel Moreta (CREO) dijo que era un trámite que debía realizarlo la presidenta Rivadeneira únicamente sin necesidad de enviarlo a la Comisión de Justicia y menos ponerlo a conocimiento del pleno, como la mayoría de AP prevé hacer. (I)