Con un llamado al Gobierno de Ecuador para que desista de su intención de disolver a la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), la mañana de este martes se instaló el 'Foro de Quito por la Libertad de Expresión', en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, hizo un llamado al gobierno de Rafael Correa para que retroceda en su intento de disolver a Fundamedios. "Invocamos al presidente Correa a reflexionar e invitamos a los medios y periodistas a resistir al fallo contra Fundamedios", dijo.

Para este periodista peruano, desaparecer a esta organización no solo es un ataque a las libertades, sino "un asalto a la esencia misma de un estado democrático" y como tal pidió la condena por la comunidad internacional.

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María Paula Romo, exasambleísta y catedrática de la Universidad Internacional, presentó un estudio sobre los dos años de la aplicación de la Ley de Comunicación basado en pedidos de información tramitados por Fundamedios sobre 370 procesos ante la Supercom.

De ellos contó, el 66% fue por denuncia ciudadana y el 34% por oficio de la Supercom; los medios privados procesados representan el 93% mientras que los públicos el 6%; de los proceso que tienen resolución, el 78% de los casos terminó en sanción, el 58% del total de las sanciones fueron multas.

Según el estudio, el derecho a la honra es el más reclamado por los denunciantes, seguidos por la rectificación, normas deontológicas y derecho a la réplica.

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El evento que reunió a periodistas, editores, organizaciones de prensa internacionales, de derechos humanos y medios de comunicación, inició a las 09:30 con la excusa del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, de no acudir a la firma de la declaración de Chapultepec como se tenía previsto.

Su representante, la vicealcaldesa Daniela Chacón expresó el compromiso del alcalde para la firma en días próximos, pero adelantó que la posición del Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito es de absoluto respeto a las libertades de prensa y de opinión.

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"Cualquier cortapisa a las libertades es un atentado a los cimientos de un verdadero estado democrático. El gobierno nacional y los gobiernos locales tienen la obligación de estimular la libertad de opinión y de prensa para garantizar el pluralismo del sistema democrático", destacó.

Agregó que no solo los políticos que ganan en las urnas tienen la opción y el derecho a opinar, sino también los ciudadanos y organizaciones civiles quienes "tienen la obligación de informarse y contribuir con una opinión pluralista". (I)