Doce familiares de los cuatro policías de la Unidad Antinarcóticos que fueron procesados por una presunta extorsión se reunieron ayer para defender sus supuestas inocencias.

En la oficina de Héctor Vanegas, su abogado defensor, los allegados a los gendarmes, tres de ellos detenidos y uno prófugo, negaron que estos tengan relación con dicho delito y aseguraron que tienen una hoja de vida institucional intachable.

Diana L., conviviente de uno de los policías, indicó que en los once años de trabajo como policía, su esposo ha recibido condecoraciones.

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Los agentes fueron acusados por Bella P. de ingresar a su casa, ubicada en el suroeste de Guayaquil, señalarla como expendedora de droga y detenerla junto con su hijo Mario V. El hecho se produjo el pasado martes 1 de septiembre.

En la denuncia que presentó en la Fiscalía, la mujer indicó que en realidad fueron ocho policías y que luego de la aprehensión les exigieron mil dólares para dejarlos en libertad.

No obstante, según Vanegas, cuando les presentaron en la cámara de Gessell a los tres detenidos, no los reconoció.

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Sostuvo que los procesados sí acudieron a la casa de Bella P. para verificar una denuncia de supuesta venta de alcaloide, así como a otras dos viviendas de la zona, y que en todos los inmuebles ingresaron con el permiso de los propietarios.

Vanegas negó que el mando policial no conocía de la actuación de los procesados y mostró un documento que, al parecer, certifica que sí informaron de la acción de verificación.

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Manifestó que se evidenciaron algunas contradicciones entre la denuncia y una versión posterior que ofreció la supuesta perjudicada. (I)