La decisión del Gobierno venezolano de extender el cierre de las fronteras con Colombia al principal paso del estado occidental de Zulia alejó las posibilidades de que la crisis bilateral, que lleva casi tres semanas, pueda superarse en breve.

Los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Juan Manuel Santos, de Colombia, se han mostrado en los últimos días abiertos a sostener un encuentro para buscar una salida a la crisis, pero han puesto condiciones para esa reunión, mientras siguen subiendo de tono las declaraciones desde ambos lados.

La medida tomada en la víspera por Maduro, de cerrar el paso fronterizo de Paraguachón, en Zulia, y declarar el estado de excepción en tres municipios de esa región a donde serán enviados 3.000 militares para reforzar la seguridad, fue rechazada por la oposición de su país, que sostuvo que esas acciones generan perturbaciones a tres meses de las elecciones.

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El secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, dijo ayer que estas decisiones no atienden las causas de los problemas que enfrentan los venezolanos, como la creciente delincuencia, la desbordada inflación y la severa escasez de productos básicos, y sostuvo que, por el contrario, las acciones afectan a los ciudadanos que viven en la frontera.

Según el dirigente, extender el estado de excepción a tres municipios de Zulia “forma parte de las estrategias del ventajismo institucional” que estaría consolidando el gobierno de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre.

El mandatario venezolano ha defendido el cierre de los pasos fronterizos y la declaración del estado de excepción en trece municipios de los estados de Táchira y Zulia, alegando que esas acciones forman parte de un plan para combatir a los grupos paramilitares y de contrabandistas que azotan la frontera común de 2.200 km.

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Venezuela resolvió cerrar algunos de los pasos fronterizos a partir del 19 de agosto a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad de San Antonio de Táchira cuando realizaban labores de combate al contrabando y que el Gobierno atribuyó a un grupo paramilitar colombiano.

Las autoridades venezolanas también impusieron el estado de excepción por 60 días, prorrogable por otros dos meses, en diez municipios de Táchira e iniciaron la deportación de más de 1.000 colombianos que residían ilegalmente en el país.

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Esto desató una crisis diplomática entre Caracas y Bogotá. El Gobierno colombiano recurrió el lunes a instancias internacionales y ayer la canciller María Ángela Holguín se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Unos 20.000 colombianos se han visto afectados por la crisis fronteriza, entre los que se cuentan 1.467 deportados y más de 18.000 que han huido por temor a ser expulsados, según estimaciones de la ONU divulgadas ayer en Colombia. (I)

Relaciones
Llamada de EE.UU.

‘Regularización’
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, informó ayer que recibió una llamada del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, para “regularizar las relaciones” entre ambos países, que carecen de embajadores desde 2010. Una nueva crisis surgió en marzo cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó un decreto para sancionar a siete funcionarios del Gobierno venezolano.

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