Las cadenas de supermercados, dependiendo de su cantidad de oferta de productos, deben mantener anualmente el 10 % y 14 % del total de facturación de sus compras a proveedores de la economía popular y solidaria, artesanos, así como de la micro y pequeña empresa.

Así lo señala el artículo 28 de las normas regulatorias para las cadenas de supermercados y sus proveedores expedida el 1 de septiembre, por la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

Para cumplir con esa meta, se dio un plazo de cuatro semestres.

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Según la normativa, el 20 % del total de islas, cabeceras y finales de góndolas o estanterías, deberán estar ocupadas por los proveedores antes mencionados. "Las islas propenderán la exhibición de productos orgánicos, agroecológicos, o de la diversidad cultural ecuatoriana", señala.

Con políticas públicas en materia de competencia, se busca, menciona el documento, fomentar la igualdad de condiciones de los operadores económicos. Incluye contratos de provisión, precios de los productos, medios y plazos de pago, logística, promociones y exhibición de productos, entre otros.

Nathalie Cely, ministra de la Producción, entidad que presidente la junta, en su cuenta de Twitter señaló que ahora: "artesanos y pequeños proveedores cuentan con una herramienta eficaz para incrementar sus ventas en supermercados".

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En agosto del 2014, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado expidió el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el sector de los supermercados y/o similares y sus proveedores. (I)