El presidente de Guatemala, Otto Pérez, negó ayer en un escrito enviado a una comisión del Congreso que evalúa retirarle la inmunidad, su participación en un fraude millonario en las aduanas que provoca una crisis política en el país.

César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que debido a que la ley no obliga la presencia física del presidente, se optó por entregar un informe “negando los hechos” que se le imputan a su cliente, quien se niega a renunciar pese a protestas masivas que lo exigen.

El comité, integrado por cinco diputados y encabezado por el oficialista Mario Linares, citó a Pérez para conocer sus alegatos de defensa luego de que el viernes escuchara las acusaciones en su contra.

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Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente adscrito a la ONU, el gobernante guatemalteco es presuntamente uno de los cabecillas de una mafia denominada La Línea, descubierta en abril pasado, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.

Con base en la sospecha, ambas entidades presentaron el 21 de agosto la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que autorizó al Congreso iniciar el procedimiento de antejuicio contra el presidente.

Una de las pruebas que involucran a Pérez en la estafa es una grabación telefónica con el detenido exjefe del ente recaudador de impuestos Carlos Muñoz, a quien le exige cambios de personal. La exigencia de Pérez se ha interpretado por los investigadores como una injerencia en la entidad para colocar funcionarios en puestos claves y facilitar la operación ilícita.

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Según su abogado, obedece a “medidas de coordinación que se toman con todos los entes del Estado” y que la escucha telefónica “no lo vincula y no le da grado de participación en la estructura criminal”.

El comité legislativo tiene previsto rendir el informe mañana, en él podría recomendar levantar los fueros a Pérez para que sea investigado, lo cual requiere el voto favorable de 105 de los 158 diputados.

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Por el escándalo de corrupción se encuentra en prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo tras verse salpicada en el fraude dirigido presuntamente por su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, ahora prófugo. (I)

14 miembros de gabinete, entre ministros, secretarios, comisionados y viceministros, han renunciado.