La Fiscalía asignó a un agente para que trabaje directamente con el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) en la investigación de denuncias de presuntos casos de corrupción.

Su presencia permitirá “judicializar adecuadamente” y “ser más eficientes en el proceso”, resaltó el fiscal general, Galo Chiriboga, en una reunión que mantuvo ayer con los vocales del CPC, en Guayaquil.

Al terminar la cita, la autoridad informó sobre este acuerdo de cooperación interinstitucional, que selló de manera verbal con la presidenta del Consejo, Raquel González.

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Se anunció que luego se lo firmaría, pero no cuándo.

Sin embargo, Chiriboga sí adelantó quién fue designado: Roberto Espinoza, fiscal en Cuenca, quien será trasladado a Quito para que trabaje en la sede del CPC, agregó.

González dijo que la coordinación será con el secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la institución, Giovanny Bravo.

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Y agradeció a Chiriboga por esta colaboración que, según ella, permitirá “reducir tiempos y mejorar los resultados”.

Él confirmó que así será porque la Fiscalía no tendrá que “perder el tiempo” hasta que el CPC haga “por su cuenta” una investigación y luego remita el respectivo informe para que, recién allí, el organismo de control comience las diligencias.

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Chiriboga mantuvo ayer una reunión de trabajo con el CPC ¬que esta semana cumple un mes en funciones¬ para explicar sobre el programa informático que se utiliza para las causas con índice de responsabilidad penal. Estas se derivan de los informes remitidos por la Contraloría.

La autoridad informó a los vocales que de 1.578 casos iniciados con base en informes de la Contraloría, no precisó en qué periodo, 619 han sido ‘judicializados’.

La cifra representa, dijo él, el 39% de los informes enviados por el referido organismo.

De los 619, precisó, 226 (37%) están en fase de instrucción fiscal y 208 (34%) con sentencia.

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“Llegar a un nivel del 34% de sentencias es una demostración fáctica de que los sistemas están mejorando”, concluyó.

También informó que la mayor concentración de casos iniciados con base en informes de la Contraloría está en Guayas, Pichincha y Esmeraldas.

Pidió que no por ello se ‘estigmatice’ a las provincias. (I)

25 % de casos con indicios de responsabilidad penal están en Guayas, igual porcentaje en Pichincha.