La demanda de inconstitucionalidad parcial (a determinados puntos) a la ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, presentada el pasado 7 de mayo por el Parlamento Laboral Ecuatoriano, fue admitida a trámite en la Corte Constitucional (CC), el 17 de julio y notificada cinco días después.

Así lo informó ayer Fernando Ibarra, presidente de ese gremio. Según la sala de admisión de la CC, la inconstitucionalidad fue planteada a 6 artículos de la normativa y a la Disposición General Única, que fue publicada en el Registro Oficial el 20 de abril, entre ellos: límite en la distribución de utilidades y que el Estado será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones de la Seguridad Social únicamente cuando el IESS no cuente con los recursos económicos. Antes aportaba con el 40 %.

La providencia de la CC debe ser informada a las presidencias de la Asamblea y de la República así como al Procurador General del Estado, para que intervengan “defendiendo o impugnando” la constitucionalidad de la ley. Ibarra indicó que las tres instituciones deben responder por escrito hasta el viernes 7 de agosto, previo a que se desarrolle o no una audiencia.

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En tanto, otros grupos sociales, laborales y políticos que plantearon demandas de inconstitucionalidad dijeron ayer que aún esperan un pronunciamiento de parte de la CC.

Édison Lima, presidente de la Asamblea de Jubilados y Adultos Mayores del Ecuador, indicó que cada semana asisten a esa institución, pero dijo: “No tenemos respuesta”, a una demanda planteada hace tres meses.

En igual situación está la demanda del movimiento Unidad Popular, indicó su abogado Luis Villacís.

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Tampoco se ha recibido respuesta a la acción presentada por los asambleístas del PSC-Madera de Guerrero-Tiempo de Cambio y Vamos, a decir del legislador Luis Fernando Torres. (I)