En la memoria mantienen intactos los rostros de Felipe, Ana Libia, Everaldo de Jesús, Karen Vanesa, Cristian, John Jairo, Carol Vanesa... También sus gestos, la ropa que usaban y las conversaciones que tuvieron por última vez. Sus fotos y nombres están en carteles y en las camisetas que lucen en cada reclamo por su desaparición.

Son madres, esposas, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, amigos de las decenas de víctimas de la violencia armada en Colombia que lleva más de medio siglo y que intentan, unos desde hace 13 años y otros por mucho más tiempo, localizar a sus familiares o los restos que queden de ellos.

Una búsqueda que han insistido se inicie en La Escombrera, un tiradero de residuos de construcción ubicado en la Comuna 13, en las afueras de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Este sector agrupa a 19 barrios habitados por unas 130.000 personas en condiciones de pobreza. Ahí, a base de testimonios dados a la Fiscalía de exguerrilleros como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se estima que estarían sepultados unos 300 cuerpos.

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Algunos de los desaparecidos serían víctimas del enfrentamiento que se vivía en la Comuna 13, dominada entre 1999 y 2004 por las llamadas en ese entonces milicias urbanas del Movimiento 19 de Abril (M-19), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se disputaron la zona con paramilitares y bandas criminales.

Margarita Restrepo vivió esa época de terror. Desde el 25 de octubre de 2002 busca a su hija Carol Vanesa. Tenía 17 años cuando ese día le dijo por celular que se reuniría con sus amigos John Jairo y Cristian en una parada del metro, cerca de la Comuna 13. Ella le rogó que no se arriesgara, pero no le hizo caso. “Una amiga de ella me dijo que los había visto a los tres”, cuenta, pero ninguno regresó.

Restrepo y familiares de otros desaparecidos creen que la clave está en La Escombrera, donde desde el 27 de julio se iniciaron los trabajos de exhumación dirigidos por la Fiscalía. Para líderes de organizaciones como Mujeres caminando por la verdad, que agrupa a familiares de las víctimas del conflicto, sería la excavación más grande en la historia del país. Expertos forenses deberán retirar, en un plazo de cinco meses, 24.000 m³ de tierra y otros materiales. A pesar de que las familias de las víctimas habían exigido hace más de una década el cierre del tiradero y el inicio de las excavaciones en el lugar se seguían arrojando escombros.

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Días antes de la desaparición de su hija, Margarita y su familia habían huido del sector, donde después ingresaron miles de soldados y policías en un intento por ubicar a rebeldes izquierdistas. La acción fue parte de la operación Orión ordenada el 16 de octubre de 2002 por Álvaro Uribe, a los dos meses de posesionarse como presidente.

La ofensiva, que en cuatro días dejó 10 muertos, cien heridos y 240 presos, reforzó la reputación de Uribe entre los colombianos como un conservador que combatía la delincuencia y respaldaba su discurso enérgico con acciones. Sin embargo, cuando se retiraron los soldados, el vacío de poder fue llenado por paramilitares de derecha que llevaban puestas máscaras y blandían armas largas. Las denuncias de asesinato de civiles y desapariciones se multiplicaron. Los paramilitares cometieron crímenes en alianza con fuerzas de seguridad que habían recibido adiestramiento estadounidense, según las investigaciones.

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Los expertos ahora intentarán cerrar una herida no solo para las víctimas de la Comuna 13 sino para hacer un gesto simbólico a millones de afectados por la violencia. Pero no solo en La Escombrera se buscan a los desaparecidos. También en la selva o en apartadas zonas montañosas. En la medida que el gobierno avanza en la negociación con las FARC, defensores de derechos humanos y deudos esperan que los guerrilleros revelen los sitios donde enterraron a quienes asesinaron como parte de un acuerdo para evitar largas penas de prisión y entrar a la política, lo que es rechazado por gran parte de la sociedad colombiana.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha reiterado que la paz tiene que ser “sin impunidad”. Las FARC insisten en que no quieren ser una guerrilla que entrega las armas para ir a la cárcel. (I)