Un examen especial a la contratación de consultoría y a la selección y pago de salarios en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay dispuso la Contraloría General del Estado el martes, un día antes de que el exrector, Fernando Albericio, denunciara anomalías en el manejo de recursos de Yachay.

Entre los objetivos del examen, que tiene un plazo de ejecución de 90 días, consta “determinar que los procesos de contratación de servicios de consultoría, recepción de productos, pagos y su utilización se encuentren respaldados y con la documentación suficiente”.

El documento de la Contraloría busca determinar la veracidad y legalidad del pago de remuneraciones y beneficios al personal directivo, docente y administrativo de Yachay.

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El exrector denunció el miércoles irregularidades como el pago de $ 300 diarios de viáticos para los miembros de la comisión gestora Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran, y el ecuatoriano José Andrade, actual rector interino de Yachay, quienes –aseguró– perciben al igual que él una remuneración de $ 16.300, pero a diferencia suya viven en Estados Unidos y trabajan en otra universidad.

Fernando Albericio también señaló que le informó de las supuestas irregularidades en Yachay al titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt), René Ramírez, entre ellas la contratación del rediseño del campus por $ 1 millón o $ 600 mil, pese a que el campus es nuevo y –considera Albericio– no necesita rediseño.

Sobre las declaraciones del exrector, Ramírez no se ha pronunciado. Un hermano del funcionario labora en dos universidades, una de ellas Yachay.

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La Senescyt emitió ayer un comunicado en el que señala que ha pedido a la Contraloría el inicio de una auditoría integral a Yachay y recalca que “de la información proporcionada (por Yachay) hasta la fecha no se detecta irregularidad alguna en el manejo académico y administrativo de esta institución”. Además agrega: “Frente a los rumores de supuestas irregularidades en Yachay Tech, la Senescyt insta a los actores a respetar los canales pertinentes para su procesamiento, es decir a través de los órganos de control del Estado de acuerdo a sus competencias”. (I)