La trama de Petrobras daña la imagen política en Brasil

Salieron en su defensa en más de una ocasión. En la campaña electoral de 2014 y en sus discursos. La presidenta brasileña Dilma Rousseff, que aspiraba a la reelección, y su padrino político Luiz Inácio Lula da Silva coincidían en que el orgullo del país, la empresa petrolera Petrobras, que cuenta con 86 mil trabajadores y produce 2 millones de barriles de crudo al día, debía ser rescatada.

Rousseff reclamó en ese momento que no debía mezclarse las elecciones con la mayor empresa del país ante las acusaciones de sus contrincantes sobre que se abran sus cuentas para ser investigadas. Lula después, en febrero pasado, afirmaba que Petrobras no podía ser perjudicada por las irregularidades cometidas “por media docena o por 50 personas”.

La cifra mencionada por Lula corresponde al listado de 54 políticos, en su mayoría de la coalición de gobierno de Rousseff, que son investigados por la Fiscalía que develó hace un año una red de corrupción en Petrobras que habría desviado, según cálculos de la misma empresa, aproximadamente 2 mil millones de dólares.

A esta lista la Fiscalía sumó este mes a dos expresidentes, a Lula, fundador del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenece Rousseff, y a Fernando Collor de Mello, quien renunció en 1992 en medio de denuncias de corrupción y masivas manifestaciones.

En el caso de Lula, en un plazo de 90 días, el Ministerio Público, que abrió una investigación por separado, deberá determinar si este utilizó sus influencias a favor de Odebrecht, una de las seis constructoras bajo indagación por sus vínculos con Petrobras.

Las investigaciones giran en torno a los viajes que el popular exmandatario, luego de dejar el poder en el año 2011, realizó a países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana, que fueron costeados por Odebrecht, empresa que ha admitido haber pagado algunas de esas movilizaciones, aunque ha negado que el líder del PT trabajara como su consultor.

Los vínculos personales entre Marcelo Odebrecht, detenido el mes pasado, y Lula amenazan con acercar el escándalo al PT, cuyo tesorero enfrenta un juicio por corrupción.

La politóloga Rosemary Segurado, de la Universidad Católica de Sao Paulo, manifestó que la investigación podría debilitar al PT y afectar negativamente sus posibilidades para las elecciones de 2018.

Según el diario español El País, el expresidente y actual senador Fernando Collor de Mello es investigado por la Fiscalía por supuestamente recibir cerca de 6,3 millones de dólares entre 2010 y 2012 para que facilitara los negocios de una subsidiaria de Petrobras con la constructora UTC.

Sus propiedades fueron allanadas el 14 de este mes junto con las de otros siete políticos sospechosos. La acción judicial fue dirigida a las residencias de Collor de Mello en Brasilia y en su estado natal de Alagoas, sus oficinas en el Parlamento y las de algunas empresas que pertenecen a su familia. Además le incautaron tres carros de lujo, un Ferrari rojo, un Porsche negro y un Lamborghini gris. También una estación de televisión de la que es accionista.

El senador ha negado las acusaciones y señalado la operación como “invasiva e innecesaria”. La Fiscalía aduce que los allanamiento buscaban evitar la destrucción de pruebas.

A Rousseff no se la está investigando, pero sus detractores piden que enfrente un juicio político, que –señalan– exigiría pruebas de que su campaña electoral fue financiada con dinero de sobornos. La mandataria y el PT dicen que todas las donaciones fueron legales.

Según un sondeo de la firma MDA para la Confederación Nacional del Transporte, el 62,8% de los consultados está a favor del juicio político a la presidenta que plantean sectores minoritarios de la oposición.

El escándalo de corrupción ha afectado la imagen de la jefa de Estado, quien a los 102 días de su segundo mandato ya enfrentó una protesta que reclamaba su salida. Hoy su popularidad va en picada. Un sondeo publicado el martes pasado señala que el nivel de aprobación de su gobierno es del 7,7%, este mes, frente al 10,8% en una encuesta de marzo.

La crisis política se agravó hace diez días cuando el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció su alejamiento, a título individual, con el gobierno. El funcionario, que es investigado también por el caso Petrobras, es uno de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño que apoya a la presidenta. A este panorama se suma el débil crecimiento de la economía brasileña que subió solo el 0,1% el año pasado y, según las últimas proyecciones de los economistas, podría sufrir una contracción de hasta el 1,7% en este año. (I)

103 políticos, empresarios y funcionarios públicos han sido imputadas en el caso de Petrobras.