El Gobierno de Perú tiene la intención de coordinar con Colombia, Ecuador y Bolivia acciones conjuntas y simultáneas contra la minería ilegal, afirmó este sábado el alto comisionado en Asuntos de Formalización de Minería, Interdicción de Minería Ilegal y Remediación Ambiental de Perú, Antonio Fernández.

El alto funcionario de la Presidencia el Consejo de Ministros (PCM) explicó a la agencia oficial Andina que el Ejecutivo peruano ya estableció los vínculos necesarios con los otros tres países para compartir información y coordinar operaciones simultáneas en sus respectivos territorios.

"Como ocurre con el narcotráfico, la minería ilegal tiene una gran magnitud. Para ello teníamos que buscar aliados estratégicos y lo hemos hecho. Tenemos comisiones técnicas de trabajo con Ecuador, Bolivia y Colombia. Nos falta cerrar el tema con Brasil", comentó.

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Fernández señaló que hace pocos sostuvo en Lima una reunión de trabajo con la viceministra ecuatoriana de Seguridad, Natalia Cárdenas, para intercambiar "valiosa información que servirá para combatir esa actividad ilícita".

Las delegaciones de Perú y Ecuador compartieron datos sobre el alcance de la minería ilegal e informal en sus territorios, sus marcos jurídicos relativos a la materia, los procesos y controles sobre la minería ilegal y las normativas respecto al uso y al manejo del mercurio.

Esa reunión de coordinación fue uno de los compromisos adquiridos por los presidentes de Perú, Ollanta Humala; y de Ecuador, Rafael Correa, en el gabinete binacional desarrollado en octubre de 2014 en el cantón ecuatoriano de Arenillas.

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Fernández indicó que las autoridades peruanas también compartieron información con Bolivia el 8 de julio cuando se celebró en la ciudad andina de Puno el gabinete binacional entre los Gobiernos de ambos países y al que también asistió Humala y el presidente boliviano, Evo Morales.

El alto comisionado explicó que, a pesar de los compromisos adoptados con los otros tres países, todavía no han podido realizar grandes operativos conjuntos contra la minería ilegal porque falta elaborar un "marco normativo idéntico" entre las partes participantes. (I)