La magistrada Lilian Herraez, jueza federal de la localidad argentina de Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas, de Estados Unidos e Italia denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las islas Malvinas.

La orden fue dictaminada el jueves para embargar bienes y activos de las empresas, así como la incautación de buques y de una plataforma semisumergible, pero este sábado se divulgó la medida en el sitio de internet de Fiscales, que pertenece al Ministerio Público Fiscal argentino.

Además la jueza ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación de hidrocarburos, debido a "los daños ambientales producidos" por las actividades petroleras. 

Publicidad

Lea también: Tres compañías aseguran que descubrieron petróleo en las Islas Malvinas

Argentina presentó una denuncia penal el 21 de abril contra varias petroleras extranjeras, como las británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc y Falkland Oil And Gas Limited (FOGL); la estadounidense Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited; y la italiana Edison International SpA.

Estas empresas integran un consorcio que contrató una plataforma semisumergible que el 6 de marzo inició una exploración en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros del archipiélago situado en el Atlántico sur. La denuncia fue por supuesta exploración ilegal de petróleo en aguas de las islas Malvinas, a las que los británicos llaman Falkland.

Publicidad

Se acusa a estas empresas por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", donde no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina", según informa el cibersitio del Ministerio Público.

Cancillería intervendrá

Publicidad

La medida será notificada a la Cancillería para que por vía diplomática sea derivada a los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados, afirma el comunicado. La ley contempla penas de 5 a 10 años de prisión para los directivos de las compañías y otros empleados de menor jerarquía por la búsqueda de hidrocarburos sin autorización de la Secretaría de Energía, y de 10 a 15 años por la extracción de los recursos.

Sin embargo, algunas de las empresas declararon en abril que sus contratos se habían firmado con el gobierno de las islas Malvinas.

Argentina libró una guerra en 1982 contra Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago en la que resultó derrotada. (I)