Garantizar la independencia del Poder Judicial y, específicamente, acabar con la inestabilidad laboral de los profesionales de la justicia son los pedidos urgentes que planteó ayer el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU a Venezuela.

El 2 y 3 de este mes, Venezuela se sometió al escrutinio del comité que ayer publicó sus recomendaciones al respecto.

Durante las sesiones públicas de la evaluación, los miembros del comité ya subrayaron la anomalía de que gran parte de los jueces no cuenten con una plaza fija. “El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces”, rezan las conclusiones.

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“Así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia”, agregan.

Los expertos criticaron que la Oficina del Defensor del Pueblo no haya desempeñado sus funciones correctamente, por lo que instan al Estado a que haga lo necesario para revertir esta situación.

Además, el Comité cuestionó la falta de cooperación entre las autoridades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos. (I)