La fase de instrucción fiscal concluyó en el proceso que se sigue en contra del vocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) David Rosero, quien insiste en que se trata de una persecución política.

En mayo pasado, Rosero y otros cuatro dirigentes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) de Imbabura, Roberto V., Irene O., Mario L. y Jaime V., fueron acusados por la Fiscalía General del delito de ataque y resistencia a la Policía Nacional, por supuestamente tratar de impedir que las autoridades del Seguro Social ingresen a esta filial.

Rosero rindió su versión el jueves pasado en la que reiteró que no atacó, se resistió o planificó el suceso. “La Fiscalía no tiene elementos para plantear cárcel por tres años; esta es una persecución política del presidente Rafael Correa”, dijo.

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La Fiscalía deberá emitir un informe abstentivo o acusatorio y un juez convocará a una nueva diligencia por un posible llamamiento a juicio.

El vocal rindió cuentas de sus actividades como miembro del CPC (que está en proceso de renovación) el viernes pasado. Planteó la creación de un “observatorio para la lucha contra la corrupción”. (I)