Fue en octubre pasado. Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional (CC), presidía el acto del informe de gestión 2013-2014 de esta entidad, en Quito. Allí en su discurso, de 42 minutos, conminó a sus retractores a que acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con sus reclamos: “Estamos esperando que asistan a los tribunales internacionales porque allí no van a ir con insultos, con papelazos...”, decía.

Ocho meses después, el martes último, Pazmiño fue electo a sus 57 años, con 22 de 23 votos, miembro de la CorteIDH. Su designación se dio pese a las críticas por su cercanía con el presidente Rafael Correa. Se trata del hombre que dirigió el traspaso del otrora Tribunal Constitucional (TC) a la CC de hoy desde el 2007. Desde entonces ha presidido este organismo, que vela por el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

El papel de Pazmiño ha sido clave para el correísmo. La CC, por ejemplo, dio luz verde a la declaratoria de interés nacional para que el Gobierno extienda la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Además, dio paso a la consulta con la que se cambió la integración de la Corte Nacional de Justicia, estableció la consulta prelegislativa no vinculante en la Ley de Aguas y ha rechazado los planteamientos de inconstitucionalidad de leyes planteadas por el actual régimen como la de Comunicación. Desde la CC, Pazmiño dio su espaldarazo, en noviembre pasado, para que las enmiendas constitucionales (como la que permitiría la reelección indefinida de Correa) se den a través del Legislativo.

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Un día después de la renovación de la CorteIDH, Catalina Botero, exrelatora de la libertad de expresión de la CIDH, cuestionó la elección de Pazmiño en un debate de la cadena de noticias NTN24: “Hablé con persona de altísimo nivel... y me dijo nosotros sabemos que Patricio Pazmiño no tiene las condiciones, la razón por la cual votamos por él... es porque es la condición para que Ecuador no se fuera del sistema IDH”.

Pazmiño en entrevista con el mismo medio calificó de “una inmensa muestra de ignorancia jurídica o terrible muestra de mala fe” las críticas de que va a la CorteIDH para proteger al régimen de Correa. También planteó mecanismos de diálogo entre los órganos del sistema. (I)